La Audiencia de Barcelona empieza a juzgar este miércoles el exconsejero de Interior Miquel Buch por haber nombrado como asesor a un mosso d’esquadra que hacía de escolta del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont cuando se fue de Cataluña en 2017. Buch se enfrenta a seis años de prisión por prevaricación, y la Fiscalía pide cuatro años y medio para el policía Lluís Escolà por malversación de fondos públicos. Según el ministerio público, el policía cobró 52.712 euros como asesor en sistemas de seguridad, cantidad que reclama como indemnización. A ambos les reclama también entre 23 y 25 años de inhabilitación especial y absoluta. El juicio tendrá cinco sesiones hasta el 14 de julio.
Este miércoles está previsto que testifiquen varios mandos de los Mossos, como un intendente, un subinspector y tres sargentos. El jueves lo harán un sargento y dos inspectores, así como Andreu Joan Martínez, director general de la Policía en el momento de los hechos; Brauli Duart, el entonces secretario general de Interior; el jefe de gabinete de Buch; y la entonces directora general de Función Pública, Pilar Sorribas.
Para el viernes, se prevé la declaración, entre otros, del expresidente Puigdemont, su amigo y empresario Josep Maria Matamala y el inspector en jefe del área de escoltas de los Mossos. También está previsto que se presenten las pruebas periciales y documentales. Después, el juicio hará una pausa hasta el 13 de julio, cuando declararán los dos acusados y la Fiscalía hará su informe final. El día siguiente, 14 de julio, se acabará el juicio.
El posicionamiento de la Fiscalía
El escrito de la Fiscalía apunta a que Escolà y dos agentes más escoltaron a Puigdemont hasta Bruselas el 29 de octubre de 2017. La División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos le abrió un expediente interno y, a partir de entonces, encadenó fiestas y bajas médicas entre el 30 de octubre de 2017 y el 20 de julio de 2018. En este tiempo se han acreditado, dice el ministerio público, varios servicios internacionales al expresidente de la Generalitat.
El 19 de julio, el entonces director de la Policía, Andreu Joan Martínez, cerró el expediente de Escolà y lo trasladó a otro puesto de trabajo, apartándolo definitivamente del área de escoltas. Al día siguiente se activó una plaza de asesor, que la Fiscalía cree que fue creada específicamente para que fuera ocupada por Escolà. El 27 de julio se publicó el nombramiento y Escolà cogió el alta médica. El 30 de julio tomó posesión del cargo.
La Fiscalía cree que el objetivo era, «únicamente, procurar desde el gobierno catalán, y con cargo a los fondos públicos, un servicio de escolta permanente a Puigdemont, declarado procesado rebelde». El ministerio público no tiene constancia de vacaciones o bajas de Escolà entre el 27 de julio de 2018 y el 13 de marzo de 2019. «No consta la presencia del acusado en el Departamento de Interior ni un solo día», continúa la Fiscalía, que argumenta que Interior dice que los asesores no están sujetos a registro de control horario.
El escrito del ministerio público acredita en este tiempo unos veinte viajes «con pleno conocimiento y aquiescencia de Buch» para proteger el «procesado rebelde Puigdemont», de forma que, según el escrito, de los 224 días que Escolà tuvo el cargo de asesor, estuvo en el extranjero 103 días y en 20 se desconoce su ubicación.
