El gobierno de España ha autorizado este martes a las comunidades autónomas y entidades locales a dotarse de nuevas herramientas para «limitar y ordenar» el sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC) interurbanos por razones medioambientales o de gestión de tráfico, según ha explicado la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño.
Ésta es una de las medidas incluidas en la prórroga del real decreto ley aprobado por el ejecutivo central con el objetivo de afrontar las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania.
Además, se hace constar la declaración del taxi como servicio público acompañada de requisitos «más exigentes», y que los titulares del VTC sean propietarios o arrendatarios de los vehículos durante un período superior a tres meses.
Calviño también ha detallado que el real decreto ley incluye un aumento de las exigencias para la reducción de las emisiones de CO2 a las autorizaciones de VTC pendientes de aprobación.
El ejecutivo de Pedro Sánchez sostiene que las medidas encajan en el marco de la Unión Europea y buscan la «proporcionalidad, la competencia leal, la lucha contra las malas prácticas y la protección del interés general», recoge la ACN.
