Los grupos independentistas que querían que el Parlamento europeo avalara una dura crítica al gobierno español a raíz de la publicación del informe bautizado como CatalanGate por el colectivo canadiense Citizen Lab en abril del año pasado sufrieron una gran frustración el pasado jueves 15 de junio. Ese día, El Pleno de la Eurocámara aprobó las recomendaciones que había realizado la comisión de investigación del uso de Pegasus y otros programas de espionaje equivalentes en varios países europeos, después de 15 meses de trabajo. El Pleno aprobó estas recomendaciones por 411 votos a favor, 97 en contra y 37 abstenciones. Entre los votos favorables se encontraban los de los eurodiputados socialistas y populares, los de los republicanos Diana Riba y Jordi Solé y el de Toni Comín, de JuntsxCatalunya. Carles Puigdemont se abstuvo mientras que Clara Ponsatí no se presentó en el Pleno, celebrado en Estrasburgo.
Los cinco países en los que se han centrado más los trabajos de esta comisión, conocida como comité PEGA, han sido Hungría, Polonia, Grecia, Chipre y España. España fue incorporada después de que Citizen Lab publicara su CatalanGate cuando el comité PEGA ya estaba en marcha. Los eurodiputados independentistas han intentado en todo momento que el informe condenara al gobierno español por su supuesta implicación en el espionaje ilegal de los teléfonos de 65 personas partidarias de la independencia de Catalunya. La eurodiputada holandesa Sophie in ‘T Veld fue inicialmente bastante receptiva a las presiones de los eurodiputados independentistas e hizo un primer borrador de informe, donde basaba el apartado referido a España en el informe de Citizen Lab, coordinado por el ‘ independentista catalán Elies Campo y recortes de artículos del digital también favorable a la independencia El Nacional. Las críticas a este borrador llevaron a T Veld a hacer un informe definitivo menos agresivo contra el gobierno español. El comité PEGA lo aprobó por 30 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. Diana Riba votó en favor y Puigdemont se abstuvo.
El Pleno del Parlamento no debatió el jueves el informe sino las recomendaciones que incorporaba. Y en estas recomendaciones se pedía el gobierno español que hiciera «una investigación completa, justa y eficaz» sobre los casos denunciados por Citizen Lab y los espionajes que han sufrido también el presidente Pedro Sánchez y algunos de sus ministros. Asimismo sugiere al ejecutivo español que cuente con la colaboración de la agencia policial europea Europol en esta investigación. El independentismo ha pretendido presentar estas recomendaciones como un revolcón del gobierno español y el reconocimiento de que existe una persecución ideológica contra él tras el supuesto espionaje que han denunciado. No ha sido así, aunque las terminales mediáticas del independentismo, empezando por la propia TV3, lo han presentado así. Evidentemente, los eurodiputados socialistas no habrían votado unas recomendaciones que dejasen en mal lugar al gobierno del que forman parte.
Puigdemont justificó su abstención precisamente por esa frustración ante las conclusiones aprobadas por el Pleno del Parlamento. La ausencia de su compañera Clara Ponsatí a la hora de votarlas puede interpretarse en el mismo sentido. El Catalangate ha muerto en la Eurocambra aunque los abogados de los independentistas implicados en procesos judiciales por haber organizado el referéndum del 1 de octubre de 2017 y las movilizaciones violentas convocadas por el Tsunami Democrático en 2019 intentarán mantenerlo vivo en las instancias judiciales europeas. Vista esta muerte del CatalanGate en Bruselas, la Plataforma per la Llengua ha presentado una denuncia contra España en un juzgado de la capital belga. Dice que España ha espiado a tres de sus dirigentes que viven en Bruselas. Los responsables de este montaje propagandístico no se rinden.
