La Generalitat ya no dispone de un «compromiso» firme de Criteria Caixa para adquirir los terrenos donde se llevaría a cabo el proyecto del macrocomplejo lúdico de Hard Rock en Vila-seca y Salou (Tarragonés), hecho que dejaría en papel mojado el contrato de opción de compra de 2014 para blindar la operación. Según nuevas informaciones publicadas por La Directa, el 18 de diciembre de 2020 el consejero delegado de Criteria Caixa, Marcelino Armenter, comunicó al entonces director del Incasòl, Albert Civit, que el «compromiso» mencionado en el documento ya no existe y que, en cualquier caso, solo se mantendría la «disposición» a vender los terrenos. Pocos días antes de la respuesta, el gobierno catalán publicó el acuerdo para que el Incasòl adquiriera los terrenos para traspasarlos a Hard Rock.
«No es de esperar la posibilidad de garantizarles otra cosa que mantener la disposición a vender la propiedad de los terrenos», respondió Armenter, según el medio citado. Una disposición, además, «desatada de cualquier compromiso o proyecto de la Generalitat por lo que respecta a la posterior disposición de los terrenos por su parte». Estas afirmaciones dejarían en papel mojado el contrato de opción a compra que obligaba a la venta y que el ejecutivo catalán ha defendido en reiteradas ocasiones que continúa vigente.
El mencionado acuerdo de gobierno, con fecha del 15 de diciembre de 2020, un día después de que Civit enviara una primera carta a Armenter sobre el asunto y tres días antes de la respuesta, preveía que Incasòl pagara 120 millones de euros por la compra de los terrenos y los vendiera inmediatamente después a BCN IR 3, SAUR, la sociedad de Hard Rock que impulsa el Centro Recreativo y Turístico, en un plazo máximo de dos meses a contar desde la aprobación definitiva del nuevo Plan Director Urbanístico. Pero, a pesar del contenido de la respuesta del directivo del holding de inversiones de la Fundación la Caixa, el acuerdo publicado no se modificó ni amplió.
Fuentes del Departamento de Territorio se han remitido a la respuesta dada este martes por el gobierno catalán anunciando que los servicios jurídicos estudiarán «toda la documentación» del proyecto para garantizar que «se ajusta al derecho» a raíz de la denuncia de la CUP de una posible «falsificación documental» en la gestión de los contratos.
Transacción «viciada»
Por su parte, la plataforma Aturem Hard Rock ha considerado que el acuerdo que tenía que hacer posible la transacción está «viciado». «En este acuerdo se explicita que la Caixa daba permiso al gobierno catalán para poder disponer de estos terrenos y el día siguiente la Caixa desmiente este acuerdo de gobierno», argumenta el portavoz Eloi Redon, que pide su «revocación».
Según el mismo Redon, estas nuevas revelaciones demuestran que «es una aberración seguir sacando adelante un proyecto como el Hard Rock y la compra de los terrenos con Incasòl de por medio». «Tenemos un acuerdo que se sustenta con humo. Lo único que se espera es que se revoque y se entierre de una vez por todas el proyecto de Hard Rock que vemos que se está cayendo a trozos, no se sustenta en ningún contrato, en ningún acuerdo, en absolutamente nada, y lo único que genera son despropósitos y seguir trinchando el Camp de Tarragona», ha remachado. Redon también ha hecho un llamamiento para que, este próximo domingo a mediodía, la manifestación convocada en Tarragona en contra del proyecto sea «multitudinaria».
