El Supremo condena a Irene Montero a indemnizar con 18.000 euros al exmarido de la presidenta de Infancia Libre

La Sala Civil sostiene que la ministra vulneró el honor de Rafael Marcos cuando celebró el indulto a su exmujer

La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante la manifestación del 8-M en Madrid

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a indemnizar con 18.000 euros a Rafael Marcos, el exmarido de la presidenta de la asociación Infancia Libre, Maria Sevilla. Esta decisión se debe a unas manifestaciones de Montero donde celebraba el indulto parcial concedido a Sevilla, que había sido condenada por impedir el contacto de su hijo con su padre, al que acusaba de malos tratos. Según los magistrados, estas manifestaciones vulneraron el «honor» del padre, que presentó una demanda. Además de la indemnización, Montero deberá publicar la sentencia en su perfil de Twitter y en un diario de tirón estatal.

El exmarido de la presidenta de Infancia Libre presentó la demanda por unas manifestaciones de Montero en la inauguración del Instituto de las Mujeres el 25 de mayo de 2022, donde afirmó que el indulto a Maria Sevilla era «una nueva victoria de las feministas» porque «cuando en este país ninguna institución ni política pública daba apoyo a las madres protectoras», asociaciones como Infancia Libre defendieron con pancartas, poniendo dinero de su bolsillo y con su cuerpo las «madres que se están defendiendo a sí mismas y también a sus hijos e hijas ante la violencia machista».

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dado la razón al exmarido, ha rechazado los argumentos de la defensa de Montero y ha recordado que dispone de inviolabilidad parlamentaria. El Supremo ha concluido que las manifestaciones de la ministra «atentan contra la reputación personal» del demandante, ya que se le atribuyen de forma «infundada» la «condición de maltratador» al demandante. Según los magistrados, no existe ninguna base fáctica objetiva para sustentar estas afirmaciones, ya que no hay ninguna resolución judicial que demuestren los episodios de violencia de género o abusos sexuales.

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