El presidente de la Comisión de defensa de los Derechos de la Persona y del Libre Ejercicio de la Abogacía, Àlex Solà, justificó el pasado viernes, en la comisión Pegasus del Parlament, que se espíen las comunicaciones de personas implicadas en injerencias de potencias extranjeras. Lo hizo en su comparecencia en la comisión que investiga en el Parlament el supuesto espionaje de teléfonos móviles y dispositivos digitales de dirigentes políticos y activistas independentistas que dio a conocer el colectivo canadiense Citizen Lab el 18 de abril del año pasado y que bautizó como CatalanGate. Solà hizo esta declaración en respuesta a una pregunta del diputado socialista Jordi Terrades, que hacía referencia a la injerencia del Kremlin en el proceso independentista catalán.
Terrades le preguntó si estaría justificado el espionaje de personas implicadas en negociaciones con potencias extranjeras y lo hizo el día después de que el Parlamento europeo aprobara que se investigue a fondo los contactos mantenidos, en otoño del 2017, entre el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y gente de su entorno con emisarios de Moscú. En estas negociaciones, los interlocutores rusos habrían ofrecido el apoyo de la Rusia de Vladimir Putin a la independencia de Catalunya a cambio de que el gobierno de la Generalitat reconociera la soberanía rusa de Crimea y convirtiera a nuestra comunidad en un paraíso fiscal para las criptomonedas.
Àlex Solà dijo textualmente: “En nuestra opinión, una vez se estableciera un sistema de efectivo control judicial de la intervención, por parte del CNI y las funciones asignadas a este centro se podrían llegar a autorizar injerencias domiciliarias o de las comunicaciones a situaciones que tuvieran que ver con intervención de potencias extranjeras o elementos extranjeros”. Esta afirmación choca con la voluntad de ocultar por parte del bloque independentista que un móvil del supuesto espionaje denunciado por Citizen Lab podría ser la voluntad de conseguir información sobre la injerencia rusa en el ‘proces’. En el informe de Citizen Lab se insinúa que el espionaje que denuncia fue realizado por los servicios de inteligencia españoles, el CNI, pero en ningún momento introduce la injerencia del Kremlin como una de sus posibles causas.
El informe de Citizen Lab fue coordinado por un activista independentista, Elies Campo, que fue contratado por el colectivo canadiense tres meses de antes de publicar su CatalanGate. Todas las presuntas víctimas del espionaje han achacado los ataques a sus teléfonos móviles a su militancia independentista y han negado siempre que pudieran estar relacionados con las negociaciones entre representantes de su ideología y emisarios del Kremlin. La eurodiputada de ERC Diana Riba, una de esas presuntas víctimas, ha llegado a declarar que el gobierno de la Generalitat nunca tuvo contactos con emisarios rusos, pese a que el propio Puigdemont los ha reconocido.
