Altos cargos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona están en el punto de mira de la justicia y empezarán a desfilar ante el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, para aclarar la concesión de subvenciones por centenares de miles de euros que tramitaron desde el 2012 a las entidades Igman y CATmón, dos fundaciones detrás de las cuales había Víctor Terradellas y Francesc Dalmases, los dos de la órbita convergente. Las aventuras de estos dos independentistas ya provocaron en su momento el procesamiento de varios altos cargos de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona.
Víctor Terradellas fue el dirigente de CDC que entró en contacto con el Kremlin y prometió a sus interlocutores reconocer que Crimea era rusa a cambio de ayuda para la independencia de Cataluña. También fue quién llevó a Barcelona supuestos altos cargos de Moscú para ayudar a Carles Puigdemont a proclamar la independencia después del 1-O.
Las investigaciones judiciales empezaron como consecuencia de las denuncias recibidas por las subvenciones de la Diputación de Barcelona, causa en la cual el exresponsable de relaciones internacionales Jordi Castells se encuentra imputado. Después de las denuncias, el 2015 fue apartado de su cargo y enviado en la Generalitat, donde le buscaron un lugar como subdirector general de Cooperació Local, en el departamento de Presidència.
Pero ahora se investiga si las irregularidades se dieron también en la misma Generalitat y en el Ayuntamiento de Barcelona. Por este motivo el juez Joaquín Aguirre ha citado a declarar como investigados altos cargos de estas dos instituciones: Roger Albinyana, exsecretario de Exteriors; Marta Macias, exdirectora de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD); Manel Vila, exdirector del ACCD; Teresa Prohibas, directora de Serveis de Presidència; Jordi Serra, interventor de la Generalitat; Maite Llort, interventora del Ayuntamiento de Barcelona; David Llistar, exdirector de Justicia Global i Cooperació municipal, y Felip Roca, director de Serveis en esta institución.
En este sumario, dos altos cargos de la Generalitat ya figuraban como investigados y se les llegó a tomar declaración: Gerard Figueras, exsecretario de Esports, y Enric Ticó, expresidente de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Desde ambos organismos se habían concedido ayudas a las entidades que dirigían Víctor Terradellas y Francesc de Dalmases.
De la documentación estudiada, se desprende que los principales implicados en el caso tenían estrechos vínculos con la Generalitat y con el Ayuntamiento en la época en que era alcalde Xavier Trias. En conversaciones grabadas, se desprende que tanto Terradellas como De Dalmases conocían la Generalitat como si fuera su casa. Y en algunas ocasiones, Terradellas soltaba que los nombramientos que se producían eran fruto de su “trabajo entre bambalinas”. Es más, pudo poner un hombre de su confianza en la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), que mueve importantes fondos en cooperación exterior, un sector que él conocía y del cual recibía cuantiosas subvenciones para sus asociaciones y fundaciones.
Se trataba de Jordi Fexas, un colaborador de Terradellas que, además, era patrón de CATmón, cosa que le confería una implicación todavía más estrecha. Fexas es de ERC y fue nombrado consejero de Esquerra en el distrito de Sants y, desde hace poco, es también concejal. Fue la persona que inscribió oficialmente la entidad Súmate, la plataforma de castellanohablantes que Oriol Junqueras utilizó para ampliar su espectro de votantes y de la cual proviene, por ejemplo, Gabriel Rufián. Su condición de republicano era conocida por Víctor Terradellas, por quien esta circunstancia era un valor añadido.
“Gracias por la gestión”
Una conversación captada el 13 de mayo del 2014 confirma que detrás de su fichaje por el ACCD, una área férreamente controlada por CDC, podía haber algo más que una casualidad: “Ayer me dijeron que el lunes empiezo en el ACCD. Gracias por la gestión”, le dice Fexas. Terradellas le responde: “Perdona, pero como que nos han cortado las líneas, hasta que no tenga wifi no puedo contestar. Enhorabuena!!! Me lo habían dicho, pero no recordaba que fuera el lunes. Ya eres a ACCD, hazlo bien y hazlo saber para cuando los tuyos gobiernen. Siempre podremos jugar así”.
Unos días más tarde, el nuevo fichaje del ACCD le decía: “Espero que los próximos a gobernar no sean tuyos o míos, sino algo más de todos”. En aquellos momentos se estaba confeccionando la lista de Junts pel Sí para las elecions autonómicas, que agrupaba las candidaturas de CDC y de ERC en una sola. Jordi Fexas se encuentra imputado en el sumario del juzgado número 1 de Barcelona.
El 11 de febrero del 2014, David Minoves, miembro de la dirección de ERC y en aquel momento perteneciente a la comisión permanente de la ANC, enviaba un mensaje de WhatsApp a Víctor Terradellas: “Buenos días. Parece que, según el Ara, tenemos fumata blanca y la nueva directora general de Cooperación de la Generalitat será Marta Macias. Supongo que has tenido algo a ver. Una buena noticia”. Terradellas le respondía con un breve: “Parece que sí”.
Un informe de la policía explica la conversación con más detalles, como la petición que Víctor Terradellas, entonces responsable de relaciones internacionales de CDC, reciba el ministro de Medio Ambiente de Venezuela, cosa a la cual el alto cargo del partido le responde que “será imposible, yo estoy en Escocia”. “Igualmente, comentan que tiene que reunirse con Francesc Dalmases para ver el Pla Director del ACCD. Minoves comenta también la elección de varios cargos políticos, a la cual cosa Víctor Terradellas responde con cierto aire que ya lo sabe”, relata el informe.
En realidad, existe una conversación datada el 17 de septiembre del 2014 en la cual Minoves le dice: “Hola, Víctor! Te va bien hacer un café la próxima semana? Para hablar de la propuesta de Pla Director que se está elaborando desde el ACCD. Te parece que nos encontramos tú, yo y Francesc?”. Unos meses antes, el 17 de marzo, David Minoves le envía un mensaje revelador. “Cómo fue el encuentro con Meritxell Budó y Marta Macias? A ver si nos podemos ver la próxima semana un momento”. Budó era, en aquel momento, regidora en el Ayuntamiento de la Garriga y Macias acababa de ser nombrada directora de la ACCD. En otra ocasión, Minoves le preguntó: “Cómo fue la reunión con Rull para hablar del Fondo? He visto que Meritxell Budó va a la Diputación de BCN”. Era el junio del 2015 y Budó fue elegida representando de CDC en la cámara provincial.
Con estas relaciones sospechosas, la lupa de la justicia está ahora encima de la ACCD. No deja de ser sospechosa la ascendencia y la relación de Terradellas con la ACCD, el organismo que le daba después suculentas ayudas anuales. Si él nombraba sus directivos y si uno de sus colaboradores trabajaba en la agencia, qué se puede esperar del organismo que lleva el peso de la cooperación internacional de la Generalitat, el sector en el cual operaban Terradellas y De Dalmases y del cual se llevan miles de euros?
El 2014, ACCD dio tres subvenciones a la Asociació Igman/Acció Solidària. El 2015, hay, al menos dos subvenciones más, y el 2016 dos más. El 2017 se investiga una subvención directa de 50.000 euros para una edición de la revista ONGC, que editaban Terradellas y De Dalmases. Los dos socios editaban otra revista llamada CIV. En un documento confiscado en la sede de CATmón, se detallaban algunas ayudas directas recibidas por Igman y CATmón, entre las cuales de “Presidència” (hacían constar que eran 100.000 euros), del Canal Olímpic (11.400 euros), del Palau Robert (3.000 euros), de Acc1ó (4.537 euros), de FGC (2.000 euros), de “Puigneró” (50.000 euros) y de “Gerard” (70.000 euros).
Certificaciones falsas
Un informe de la Guardia Civil, datado el 6 de noviembre del 2019, recoge que Terradellas solicitó el 2015 una subvención en la Generalitat para la “difusión del mundo local a través de la revista Catalan International View (CIV)”. El informe continúa: “Sobre esta subvención, otorgada por concesión directa, solicitada a Presidència de la Generalitat, Roger Albinyana, secretario de la Secretaria de Assumptes exteriors y de la Unión Europea, con fecha 29 de junio del 2015, fue quién propuso, a la vista de la solicitud presentada, otorgar a CATmón una subvención de 100.000 euros para financiar el proyecto de CIV”. Por este mismo concepto, Terradellas había recibido aquel mismo año otra subvención de la Diputación de Barcelona por 49.918,40 euros. “En esta propuesta [la de Albinyana] consta de forma exprés que no es compatible con otras cuando supere el importe total de la actividad a desarrollar. En este caso concreto, el coste de la actividad fijada por CATmón fue de 107.364,56 euros, y cobró de la Generalitat 100.000 euros y de la Diputación 49.918,40 euros. Por lo tanto, estas cantidades superaron con creces el importe de la actividad”, dice el informe.
La Diputación había concedido la ayuda el mes de abril, por lo cual los responsables de CATmón, “todo y sabiendo que ya tenían esta aprobación, incumplieron estos acuerdos. Además, en el documento firmado en fecha 30 de noviembre del 2015 por Víctor Terradellas, en calidad de presidente, y Francesc de Dalmases, de secretario, certificaron que CATmón no había recibido otras subvenciones para la financiación de la edición de la revista CIV del año 2015”.
Otro informe señala que tanto De Dalmases como Terradellas “emitieron un certificado de CATmón negando haber recibido otras subvenciones para la financiación el 2015 de la revista CIV. A la vista de la investigación, este certificado no responde a la realidad”.
Los últimos años, según los investigadores, CATmón “presentó las mismas facturas tanto a la Diputación de Barcelona como la Generalitat, duplicadas, por importe de 55.728,30 euros y 49.837,81 euros, respectivamente [se refiere al 2014 y al 2015]”. El 2014, las subvenciones de la Generalitat fueron de 120.000 euros. Este informe concluye que “se han evidenciado irregularidades de subvenciones en la Generalitat de Catalunya a través de la Fundació CATmón para financiar la revista CIV en 2014 y 2015. […] De este modo, recibió: el 2014, por parte de la Generalitat, 120.000 euros, y por parte de la DIBA [Diputación de Barcelona], 49.918 euros; en 2015, por parte de la Generalitat, 100.000 euros, y por parte de la DIBA, 49.918 euros”. Para la revista ONGC, las subvenciones procedían directamente de la ACCD y eran gestionadas ante este organismo.
Paralelamente, recibían cuantiosas subvenciones para proyectos en el extranjero. En noviembre del 2014, De Dalmases solicitó para Igman una subvención de 89.635 euros para el proyecto “La emancipación de las mujeres bosnias en los entornos rurales como factor de democratización local”. El junio de 2015, volvió a solicitar otra ayuda con el mismo concepto, pero reportó como coste del proyecto un total de 159.140 euros, por lo cual pedía una subvención de 91.000 euros, además de 16.000 euros más destinados a “actuaciones de incidencia”. El 2016, la petición de subvención era para “Promover y fomentar medidas destinadas a la protección de género en el sistema educativo de Bosnia y Herzegovina”, al “lado de Sarajevo y opstines –municipios– de Trnovo y Hadzici”. El proyecto subía a 137.000 euros, y se solicitaba una subvención de 97.000 euros. El expediente fue aprobado a principios de abril, junto con otro presentado también por Igmar para el Congo sobre “Promoción de los derechos de las adolescentes tuteladas en Kinshasa (RD del Congo)”, según una resolución firmada por Manel Vila.
El 2016, otro proyecto llevaba por título “Promover y fomentar medidas destinadas a la aplicación de género al sistema educativo de Bosnia”, con un coste global de 114.000 euros y una subvención de 65.000 euros. La subvención fue aprobada el 29 de septiembre y, el día siguiente, el 70% de la subvención (45.500 euros) se ingresó a la cuenta de Igman, según una transferencia firmada por Manel Vila. El 21 de noviembre se pagó el 30% restante, 19.500 euros.
El trabajo que se hizo, pero, no fue justificado, por lo cual el ACCD inició un expediente de “revocación total de la subvención”. Después de casi un año de relación epistolar entre Igman y la ACCD, el órgano del Govern determina que “no se acredita suficientemente que este gasto corresponda a ‘personal asalariado al terreno’: no se han presentado nóminas, pagos a la Seguridad Social a cargo de la empresa o ninguna otra documentación. […] El documento aportado, donde se desglosan varios conceptos imputados al servicio de coordinación, no tiene validez como documento justificando de gasto. Su formato no es válido en el tráfico jurídico mercantil”.
El sumario, pues, acredita que las ayudas recibidas para proyectos en diferentes lugares del mundo, así como para editar las revistas CIV y ONGC llegaban desde diferentes administraciones. Hasta ahora, se habían investigado las ayudas de la Diputación y las de algunos departamentos de la Generalitat, pero a partir de este mes de junio, cuando empiecen a declarar los nuevos investigados ante el juez, se ampliarán las pesquisas a la ACCD, la principal repartidora de ayudas del Govern, y al Ayuntamiento de Barcelona.
