El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado que España vulneró derechos políticos del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont al suspenderlo como diputado del Parlamento catalán, cuando fue procesado por el delito de rebelión.
En concreto, concluye que impedir a Puigdemont ser diputado basándose en «presuntos delitos en base a hechos públicos y pacíficos, con anterioridad a la existencia de una condena» es una decisión que no cumplía los requisitos de «razonabilidad y objetividad».
Además, este comité considera que el Estado español debe ofrecer una «reparación suficiente» a Puigdemont que sea proporcional a la violación de sus derechos, y que debe tomar medidas para que no vuelva a producirse un caso como éste. Para informar sobre cómo aplicará este dictamen, da a España 180 días de plazo.
Por contra, el dictamen no da la razón a Puigdemont en cuanto a la investidura a distancia como presidente de la Generalitat. Sobre esta reclamación, argumenta que el hecho de que el eurodiputado de Junts considerase que la forma de proteger determinados derechos era no entrar en territorio español, no implica que exista un derecho a ejercer determinados derechos, como la investidura a distancia, y menos aún considerando que la investidura presencial tiene como objetivo proteger derechos políticos de otros electos e, indirectamente, de los electores.
