El pleno del Senado ha aprobado definitivamente este miércoles la ley de vivienda con los votos del PSOE, ERC, Bildu, Compromís y Más Madrid. Los grupos rechazaron las 324 enmiendas propuestas al articulado y le hicieron prosperar por 134 votos a favor, 117 en contra y una abstención la ley tal y como quedó redactada en el Congreso. Una vez aprobada en el Senado, la Ley entrará en vigor una vez que se publique en el BOE.
La norma introduce una limitación de las subidas interanuales de los contratos de alquiler en vigor, permite a las autonomías declarar zonas de mercado tenso por contener el precio de los nuevos contratos tanto de pequeños como de grandes propietarios y abre la puerta a considerar gran tenedor a quien tenga más de cinco viviendas en una misma zona, y no 10.
El texto introduce una limitación del 3% durante 2024 de las subidas interanuales de contratos de alquiler en vigor -actualmente se está aplicando como medida excepcional un tope del 2%- y establece la creación de un índice para limitarlas a partir de 2025, que siempre deberá estar por debajo del IPC.
En cuanto a los nuevos contratos de pisos que ya estén en el mercado de alquiler o los pisos que se pongan a alquilar por primera vez, en zonas que se declaren de mercado tenso tendrán limitaciones de precio. En estas áreas habrá una contención del alquiler tanto para grandes tenedores como pequeños propietarios.
En los pisos ya en alquiler, los pequeños propietarios tendrán que ofrecer el mismo precio del contrato anterior con un incremento que no podrá ser superior a la subida interanual permitida. Los grandes propietarios tendrán que ajustar el precio a un nuevo índice de referencia de nueva creación. Cuando sean contratos de pisos que se incorporen al mercado, el alquiler deberá referenciarse a este índice tanto cuando sea de un pequeño o de un gran propietario.
Con los cambios pactados, la norma permite rebajar de 10 a 5 el número de inmuebles en una misma zona tensa para ser considerado gran tenedor. La regulación considerará zona de mercado tenso en las áreas en las que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más gastos supere el 30% de la renta media de los hogares o que el precio de compra o alquiler haya aumentado al menos tres puntos por sobre el IPC en los cinco años anteriores a la declaración.
Serán las comunidades autónomas las que deban decidir si solicitan la posibilidad de declarar estas zonas con lo que previsiblemente las que estén gobernadas por el PP no lo aplicarán.
Además, la nueva redacción establece que los gastos y honorarios por el alquiler del inmueble correrán siempre con cargo del propietario. Será él quien deba asumir los gastos de la inmobiliaria. En cuanto a los desahucios, ERC y Bildu acordaron con el gobierno español que la legislación de enjuiciamiento civil establezca que se ponga punto final a los desahucios sin fecha y hora determinada.
