El Govern de la Generalitat ha anunciado que empezará «de forma inmediata» los trámites para aplicar la nueva Ley estatal de vivienda, una vez este martes ha sido aprobada definitivamente por el Senado. La norma permite limitar los precios del alquiler en determinados municipios, siempre y cuando hayan sido incluidos previamente en áreas declaradas como tensadas. Se llaman así a las zonas donde existen dificultades graves para acceder a una vivienda. También es necesario disponer del índice de referencia del precio del alquiler, que Cataluña tiene desde hace 4 años y que está vigente. Ahora habrá que actualizar y adaptar estas dos referencias a los requisitos de la nueva ley para poder empezar a limitar los precios del alquiler «lo antes posible».
Para que una zona pueda ser declarada como tensa, es necesario que el coste medio de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares y que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración.
El conseller de Territori, Juli Fernàndez, ha afirmado este miércoles en una entrevista en Ràdio Estel que el Govern utilizará «todos los instrumentos» a su alcance para volver a regular los precios del alquiler. «Podemos hacerlo porque en Catalunya, durante año y medio, ya ha sido así», ha añadido.
Fernàndez también ha destacado que el ejecutivo catalán ha «liderado» que pueda haber políticas de este tipo, aludiendo a la ley en materia de regulación de precios del alquiler que fue tumbada parcialmente por el Tribunal Constitucional.
Según el ejecutivo catalán, la norma estatal tiene «muchos puntos en común» con la impulsada en Catalunya en el 2020. El texto aprobado por las cámaras españolas impide los incrementos abusivos e injustificados de los alquileres en las zonas que se declaren tensadas y aclara las obligaciones y derechos de cada parte, prestando especial atención a la protección de los inquilinos, sobre todo de los más vulnerables. Asimismo, la ley prevé que los gastos inmobiliarios no vayan a cargo de los inquilinos.
