El Departamento de Empresa y Trabajo, a través de la Agencia Catalana del Consumo, ha abierto 353 expedientes sancionadores a grandes tenedores por no ofrecer alquiler social desde enero de 2023, un 509% más que en 2022. Estas cifras son resultado del programa que impulsó el departamento para garantizar la protección de las personas en situación de emergencia habitacional. “El objetivo final no es sancionar sino que se cumpla la ley”, ha apuntado el consejero de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, este jueves por la mañana después de una reunión de seguimiento con el director de Consumo, Albert Melià. Desde 2019 se han resuelto 91 expedientes sancionadores por unos 30.000 euros cada uno, una cifra que suma un total de 2.250.000 euros en sanciones.
A día de hoy, se han cobrado una veintena de expedientes sancionados, unos 205.000 euros, muchos de ellos procesos no resueltos donde se ha aplicado un descuento al importe final. “Se tiene que ver cómo evolucionan los 353 expedientes abiertos”, ha afirmado Torrent, que ha explicado que algunos están en procesos judiciales, y uno ha llegado al contencioso. “El objetivo final no es recaudatorio, es que se ofrezca un alquiler social”, ha reiterado. El gobierno catalán destinará 1.499.026 euros en los dos años de duración del programa.
En cuanto al proceso de tramitación, el director de Consumo ha explicado que se trata de expedientes ordinarios de unos 12 meses de duración que se pueden alargar por alegaciones. La mayoría de los casos salen de la Agència de l’Habitatge, que negocia con los grandes tenedores para exigir un alquiler social antes de ser expedientados. “Cuando nos remiten que no se cumple la normativa, iniciamos las actuaciones nosotros”, ha añadido Melià.
“Estamos en fase inicial, pero estamos seguros de que el número de expedientes resueltos se incrementará”, ha añadido Melià, que ha señalado que son 13 los grandes tenedores que acaparan la mayoría de las sanciones. Hasta ahora, el anonimato de los expedientados estaba garantizado, pero a partir de este mes de mayo las resoluciones se publicarán con el nombre de los infractores.
El consejero de Empresa y Trabajo ha afirmado que en lo que va de 2023 se han multiplicado por cinco las inspecciones del año anterior, llegando a un total de 458 inspecciones gracias a la contratación de 19 profesionales dedicados a velar por el cumplimiento del programa. En este sentido, Torrent ha valorado los resultados como «positivos» y ha asegurado que seguirán trabajando en la misma línea.
El Programa tiene competencias sobre los municipios de la província de Barcelona a excepción de Barcelona y Manlleu. Actualmente, donde hay más expedientes sancionadores abiertos es en L’Hospitalet de Llobregat, donde hay 37. En Badalona, hay 33; en Terrassa y Sabadell, 30; en Santa Coloma de Gramenet, 29; y en Mataró, 23.
