El consejero de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, ha vuelto a negar este miércoles que él vinculara la construcción de una residencia de gente mayor en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) con la elección del candidato de ERC a la alcaldía del municipio, Gabriel Rufián. En la comisión de Derechos Sociales del Parlament, Campuzano ha recordado que el tuit que vinculaba los dos aspectos lo hizo ERC de Santa Coloma, nadie del gobierno catalán.
En su primera intervención, Campuzano ha dicho que él no hizo esta vinculación y tampoco prometió que la Generalitat construyera la segunda residencia pública de gente mayor de la ciudad. De hecho, ha apuntado que ve «buena» la propuesta de Rufián para que sea el consistorio de Santa Coloma quien construya la residencia y la Generalitat quien concierte las plazas. Así, ha apostado porque la iniciativa social y privada y los ayuntamientos construyan estos equipamientos y el gobierno catalán financie las plazas públicas.
Sin embargo, el consejero también ha considerado «buena» la propuesta de la actual alcaldesa, Nuria Parlón (PSC), para que sea la Generalitat quien construya la residencia, puesto que es quien tiene las competencias, pero ha admitido que las dificultades económicas lo hacen más complicado. Campuzano ha destacado que, en los últimos 20 años, la Generalitat solo ha construido 19 residencias públicas de gente mayor, diez de las cuales en Barcelona, del millar que hay en toda Cataluña, y ha dicho que, ante las dificultades presupuestarias, el ejecutivo catalán ha priorizado la concertación de plazas antes que la construcción de los centros, que se han encargado a ayuntamientos y a entidades sociales o privadas.
El titular del Departamento de Derechos Sociales ha explicado que en 2003 se dedicaron 58 millones de euros a residencias de gente mayor, una cifra que bajó con la crisis económica de 2011 y remontó hasta los 99 millones en 2019. Ahora, gracias a los fondos europeos, la inversión ha subido hasta los 700 millones, siendo la inyección económica más importante de los últimos 20 años. Sin embargo, también ha admitido que las peticiones de fondos europeos de los ayuntamientos llegan a los 500 millones, pero que solo se podrán dar hasta 125 millones.
En este sentido, Campuzano ha dicho que para que la Generalitat construya centros, tiene que cambiar la financiación de la ley de dependencia, que no prevé ningún sistema específico para pagar las plazas públicas, como sí que pasa en otros países europeos. De hecho, ha dicho que España dedica un 0,82% del PIB a dependencia, ante la media europea del 1,7%, y el objetivo era que en 2015 se dedicara el 1,5%. Actualmente, el Estado aporta 3.000 millones de euros a dependencia en Cataluña, las familias 3.000 más y la Generalitat los 12.000 restantes, ha explicado.
El consejero de Derechos Sociales ha advertido del importante «reto demográfico» al cual se enfrenta la sociedad catalana con la jubilación de la generación del baby boom, hecho que requeriría una inversión continuada de 150 millones de euros anuales, cosa que Campuzano ve ahora mismo imposible.
