Finalmente, Joan Laporta ha decidido dar el paso definitivo que sin duda marcará la historia del FC Barcelona, dando luz verde a una financiación del Espai Barça comprometida, arriesgada y tan amenazadora que ni siquiera los propios gurús económicos de su entorno han aprobado en las actuales circunstancias.
Sus expertos no sólo no comulgan con la decisión de seguir adelante con el Espai Barça, sino que han adelantado una previsión decepcionante e inevitable en el sentido de que, más temprano que tarde, Goldman Sachs y JP Morgan se acabarán quedando la propiedad del FC Barcelona por la deuda que será imposible de devolver.
En la misma línea de opacidad y falta de transparencia de la administración de Laporta, el comunicado de este lunes anunciando el cierre del acuerdo de financiación no aportaba suficientes datos ni la información relevante sobre la verdadera dimensión de la tragedia que le espera a un club que ya está económicamente tocado y prácticamente hundido.
Lo más incongruente de esta osada y temeraria actuación de Laporta pasa por llevar el club a una coyuntura en la que, una vez terminada la obra y el nuevo estadio pueda alcanzar la máxima explotación. O sea, en el momento de empezar a multiplicar casi por el triple los ingresos actuales, entre 150 y 170 millones, hasta aproximadamente 350 millones, la parte que el club podrá utilizar para su economía ordinaria se reducirá a 100 millones. Un sinsentido, pues la única finalidad del Espai Barça, desde el principio, ha sido precisamente ampliar el horizonte de los ingresos a 200 millones más con el mejor estadio de fútbol del mundo.
La prioridad de los inversores será recuperar la fuerte inversión realizada a base de una fortísima carga de intereses y de pagos altísimos que Laporta ha aceptado a cambio de no comprometer las exigencias de sus propios directivos sobre no ofrecer como garantías ni el patrimonio ni la propiedad del club. Una elección que, no obstante, no evitará un final parecido si los recursos ordinarios menguan y después de todo las pérdidas y la deuda se acumulen sin otra solución que recapitalizar la entidad mediante su transformación en una sociedad anónima.
Las trazas del acuerdo alcanzado con Goldman Sachs, JP Morgan y hasta veinte inversores en total no pueden ser muy distintas a las que diferentes medios con buenas fuentes en el sector financiero han ido divulgando estas semanas, con un primer tramo de préstamo bancario directo, a devolver en cinco años, de unos 450 millones, y luego sucesivas emisiones de bonos en tramos de siete, nueve, veinte y veinticuatro años sobre los que se aplicaran tipos de interés oscilantes entre el 4,5% y 6% de interés. En conjunto, una operación de una dimensión excesiva para las posibilidades del club azulgrana y más allá de los límites acordados en la asamblea y en el referéndum posterior sobre la obligación de que el Espai Barça no comprometa la estabilidad económica y los recursos destinados a la actividad deportiva y competitiva.
Contraviniendo esta directriz, y aun a falta de sufrir las estrecheces del Espai Barça, Laporta ya ha dado instrucciones de reducir sustancialmente el presupuesto de las secciones en un 15% o más, además de acordar con Goldman y el resto una minoración de los ingresos del estadio a partir del final de las obras.
No se estaría cumpliendo, por tanto, el mandato asambleario en el ámbito de lo estrictamente económico sobre las líneas rojas del Espai Barça, más allá de haber aceptado en el peor momento de la coyuntura financiera internacional una financiación imposible y unos costes de material y de construcción que, objetivamente, desaconsejaban iniciar ahora la fase más destacada y cara del proyecto.
A la espera de esos detalles y de la máxima información sobre esos detalles que Laporta siempre promete y nunca acaba dando, las expectativas son poco optimistas, también sobre la licencia de obras que sigue retrasándose y comprometiendo la celeridad de las obras. El plan es compensar la demora mediante la demolición, provisionalmente autorizada, de la tercera grada por parte del Ayuntamiento de Barcelona a la espera de que los técnicos de urbanismo y obras validen el nuevo proyecto constructivo.
Luego vendrá la no menos espinosa cuestión sobre el Palau Blaugrana cuya construcción se ha abandonado directamente, también en desobediencia e incumplimiento del mandato de la asamblea. Cuando Laporta sometió el nuevo Espai Barça a la voluntad de los socios, precisó que solicitaba 1.500 millones de endeudamiento para construcción de un proyecto que incluía un nuevo Palau Blaugrana por una cifra por encima de los 400 millones de gasto.
La directiva pretende argumentar la peregrina e imaginativa idea de que un inversor lo construya a coste cero para el club a cambio de cederle completamente la explotación, lo que en la práctica supondría que el propio Barça no dispusiera prioritariamente de la instalación para sus secciones polideportivas.
Este es un conflicto de insospechadas consecuencias, ya que varios socios que no están dispuestos a aceptar este planteamiento no dudarán en presentar incluso una demanda de impugnación del acuerdo de financiación, por incumplir la voluntad de los socios, si la directiva no incluye el Palau Blaugrana prometido.
Existe, así pues, una visión menos eufórica y entusiasta de la que Laporta y su junta tratan de transmitir a la opinión pública barcelonista sobre el acierto y la oportunidad de acometer esta ambiciosa obra con las durísimas condiciones del acuerdo capitaneado por Goldman Sachs.
