Expertos del Quebec advierten, en declaraciones a la ACN, que el acuerdo de claridad que ha presentado el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, comporta «riesgos» y recomiendan «prudencia». Con el acuerdo de claridad, el presidente Aragonès pretende crear una nueva hoja de ruta del independentismo para concretar una consulta con el objetivo de la independencia de Cataluña. De hecho, Aragonès ha presentado recientemente un Consejo Académico que tiene que pilotar este acuerdo de claridad.
En este contexto, el diputado independentista del Partido Quebequés, Jöel Arseneau, insta el gobierno catalán a entenderse con el gobierno central y buscar apoyos para que el Estado acepte un referéndum. El profesor emérito de la Facultad de Derecho en la Universidad de Montreal (Canadá) y especializado en derecho constitucional e internacional, Daniel Turp, afirma que «si el gobierno (catalán) quiere inspirarse en la Ley de la Claridad, mejor ser prudentes». Turp, que hizo de observador el 9-N de 2014 y el 27-S de 2015, recuerda que la legislación del Canadá pretendía «disuadir» los independentistas del Quebec de organizar más referéndums -después de las consultas de 1980 y 1995, nunca acordadas con Canadá, y recomienda que el soberanismo catalán «continúe insistiendo» en el ejercicio del derecho a decidir en caso de que el acuerdo de claridad no culmine con éxito.
Por otro lado, el profesor Alain G. Gagnon, especializado en proyectos de federalismo y plurinacionalismo, también de la Universidad del Quebec en Montreal, defiende que el acuerdo de claridad que impulsa Aragonès «al menos sería un punto de partida para ejercer la autodeterminación», un hecho que consideran «de mínimos». Por otro lado, el profesor de derecho constitucional de la Universidad Laval del Quebec, Patrick Taillon, es más optimista y afirma que la Generalitat tiene «todas las ventajas» para trabajar sus reivindicaciones a partir del derecho internacional.
En general, los expertos consultados por la ACN aconsejan a los independentistas catalanes buscar apoyos a escala internacional para ejercer «presión democrática» sobre el gobierno español para que acepte un referéndum en Cataluña, pero también advierten que negociar con Madrid comporta riesgos y puede conducir a un nuevo fracaso.
