A lo largo de los últimos años, el entorno azulgrana se ha sobrecargado de personajes e intereses que, en su conjunto, se han alineado en el bando del soberanismo catalán y en contra de las directivas del FC Barcelona presididas por Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. Las especulaciones que ocasionalmente han relacionado a determinados grupos y protagonistas con este tipo de movidas dejan de serlo cuando existen evidencias de que el propio gobierno de la Generalitat en tiempos de Carles Puigdemont i de Quim Torra actuó decidida y enérgicamente erosionando y obstaculizando la gestión de ambos presidentes.
Ahora ha trascendido, por ejemplo, que el sorprendente firmante del voto de censura contra Bartomeu, Jordi Farré, que luego presentó su candidatura como presidente, esté en el foco de la Fiscalía Anticorrupción por haberse beneficiado de la adjudicación a dedo de contratos de la Generalitat por un importe superior a los 30 millones de euros en un periodo paralelo al de su activismo azulgrana y de la situación de pandemia.
Al mismo tiempo que era capaz de conseguir las firmas suficientes contra Bartomeu, un total de 19.532, aglutinando el trabajo de toda una serie de colectivos sorprendentemente a favor de su iniciativa, Farré se beneficiaba de la asignación de contratos de la Consejeria de Salud a favor de Appeal Agrifood, auxiliar de veterinaria que, pese a no ser especialista ni reconocida en el sector, fue la proveedora elegida para el suministro de una serie de material imprescindible para que los mataderos pudieran seguir funcionando. Aunque las diligencias por presuntas comisiones han sido archivadas la investigación, sigue en marcha por presunta mala praxis de la administración por contrataciones sin previo concurso ni licitación pública.
Como todo lo que concierne o puede afectar a este tipo relaciones entre el poder político y las maquinaciones en el entorno laportista azulgrana, la prensa mira hacia otro lado sin prestarle la más mínima atención. Jordi Farré no fue capaz, apenas tres meses después de entregar 19.532 firmas contra Bartomeu, de conseguir las firmas de socios mínimas (2.257) para ser candidato a la presidencia, ni siquiera regalando pizzas o tatuajes a cambio de los avales. Se dio la extraña circunstancia añadida de ir a presentar sus 2.082 firmas conseguidas, hacerse la foto ante las oficinas y, a escondidas de las cámaras, dedicarse a destruirlas antes que permitir cotejarlas y autentificarlas por parte de la junta electoral. La única explicación plausible a esa impredecible y sospechosa conducta radicaba en que o bien todas las que llevaba en las cajas no eran válidas o bien habían sido transferidas a otra candidatura y, en ese caso, habrían sido anuladas por duplicidad. Otro de los misterios que acompañarán a este personaje curioso y tan bendecido por los favores del Govern de la Generalitat.
