Ninguna de las 10 personas que aparecen en el sumario que investiga la creación de Tsunami Democràtic y que figuran como víctimas del espionaje con los programas Pegasus y Candiru ha denunciado este caso en los tribunales de justicia. De las 18 personas que ha trascendido que la Audiencia Nacional implica en la creación de la plataforma clandestina que organizó los altercados posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo por el juicio conocido como del 1-O, hay 10 que aparecen en el Catalangate publicado por el colectivo canadiense Citizen Lab según el cual los teléfonos y dispositivos de 65 personas partidarias de la independencia fueron espiados con software malicioso. 20 de estas 65 personas se han personado en distintos juzgados para denunciar el supuesto espionaje. De las que se ha vinculado con la creación de Tsunami Democràtic ninguna lo ha hecho.
En las informaciones que han trascendido del sumario sobre Tsunami Democràtic aparecen como impulsores de la plataforma Carles Puigdemont, Marta Rovira, Anna Gabriel, Xavier Vendrell, Oriol Soler, Oleguer Serra Bioxaderas, Marta Molina Alvarez, Josep Campmajó Caparrós, Roc Aguilera, Antoni Fusté, Josep Lluís Alay, Jaime Cabaní Massip, Ruben Wagensberg, Elies Campo, Jordi Baylina, Sergi Miquel, Pau Escrich y Xavier Vives. De este grupo de personas, las 10 que Citizen Lab asegura que fueron espiadas son Marta Rovira, Anna Gabriel, Xavier Vendrell, Josep Lluís Alay, Carles Puigdemont, Elies Campo, Jordi Baylina, Sergi Miquel, Pau Escrich y Xavier Vives. El expresidente de la Generalitat huido a Bélgica no consta en el listado de víctimas del colectivo canadiense pero sí en el portal catalangate.cat de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Tanto Citizen Lab como la ANC consideran que el teléfono de Puigdemont no fue infectado pero sí el de varios colaboradores y su esposa, Marcela Topor, para acceder a sus conversaciones.
La campaña propagandística que se ha lanzado gracias a la publicación del CatalanGate oculta las razones por las que se podría haber producido el espionaje que denuncian. Se limita a señalar al gobierno español y decir que espiaba a personas por ser independentistas. Intentan por todos los medios que no se vincule este espionaje, que los servicios de inteligencia españoles del CNI han reconocido en 18 casos, a la organización de Tsunami Democràtic ni a la relación de alguna de las presuntas víctimas con la trama rusa del procés.
La única persona de las 65 incluidas en el CatalanGate –aparte de Puigdemont- que ha aceptado la mayoría independentista de la Comisión Pegasus del Parlament que comparezca es Elies Campo, coordinador del informe de Citizen Lab. No lo propuso el rodillo independentista, que vetó todas las comparecencias de expertos que podían justificar el supuesto espionaje por la violencia que se produjo en las acciones convocadas por Tsunami Democràtic o la trama rusa del procés. Fue el PSC quien pidió la comparecencia de Campo. La hizo el pasado 31 de marzo. Cuando el diputado de Ciudadanos Nacho Martín Blanco le preguntó qué relación tenía con Tsunami Democràtic, el presidente de la comisión, Josep Maria Jové, otra de las presuntas víctimas del CatalanGate, intervino y bloqueó la cuestión diciendo que no tenía que ver con la razón de su comparecencia. De nada sirvieron las quejas de Martín Blanco y del diputado socialista Òscar Aparicio.
Lo que no pueden bloquear ni Jové ni quienes intentan ocultar la vinculación de 10 personas supuestamente víctimas del espionaje telefónico con la organización de Tsunami Democràtic es la investigación que lleva adelante la Audiencia Nacional. Cuatro de las 18 personas que la entonces directora del CNI, Paz Esteban, reconoció, el pasado mes de mayo, que habían sido espiadas por los servicios de inteligencia que dirigía –Sergi Miquel, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives– lo fueron por su participación en la puesta en marcha de Tsunami Democràtic.
