Los Mossos pierden otra batalla en su obsesión por inflar el ‘Barçagate’

La jueza descarta su informe sobre la culpabilidad de Bartomeu en la filtración del contrato de Leo Messi y advierte al cuerpo policial sobre el uso indiscriminado del material obtenido en los registros

Josep Maria Bartomeu

Los asuntos del Barçagate, según sople el viento, no se airean mediáticamente con la misma profusión, intensidad y ruido periodísticos cuando no parecen favorecer los intereses de la parte querellante, pero sobre todo de la obstinada y pertinaz voluntad de los Mossos d’Esquadra de condenar anticipadamente al expresidente del Barça Josep Maria Bartomeu por la vía que sea y, se diría, que por cualquier delito flotante o fantasioso susceptible de anidar entre los discos duros de los registros del caso y de los contenidos de los móviles y ordenadores vaciados en su día sin medida ni restricción.

En el contexto de esta otra batalla de fondo entre las ocurrencias de los Mossos y la defensa de Bartomeu, ahora acaba de ser rechazado el informe policial que, presuntamente, trataba de relacionar al expresidente azulgrana con un delito de revelación de secretos por la publicación en su día del contrato de Leo Messi a toda portada del diario El Mundo.

Los Mossos, al menos ese sector que desde hace años parece estar al servicio del laportismo, aún tienen pendiente entregar a la jueza del caso el informe principal de su investigación desde que al cuerpo se el ocurrió realizar su propia entrada -y registro- en las oficinas del club y en los domicilios particulares de Josep Maria Bartomeu, y de sus ejecutivos Roman Gómez Ponti, Jaume Masferrer y Òscar Grau, a primeros de marzo de 2021. Con el pretexto de entrar a saco en el Barçagate, del que ya había iniciado su propia instrucción la Guardia Civil, aquel fue un ejercicio de autoridad sin precedentes y sin orden judicial que lo respaldara.

El cuerpo policial autonómico se sintió impulsado a actuar por su cuenta y riesgo ante la alarma social del caso o, al menos, se supone que fue esa la causa, sin ninguna relación con el hecho de que, meses más tarde, cuando Joan Laporta ya había ganado las elecciones, fichara hasta tres de sus altos cargos, Ferran López, Lluís Miquel Venteo y Xavier Porcuna, para ocupar cargos en la seguridad del Barça generosamente recompensados.

La jueza, dos años después, no ha recibido el resultado de esos registros ni de esa investigación policial que, en teoría, debería arrojar la luz definitiva sobre las sospechas de que, en tiempos de Bartomeu, desde el club se urdió una trama para manipular las redes sociales a favor de la reputación del presidente y de la junta y, colateralmente, contra una serie de enemigos de Bartomeu. Es más, la jueza Alejandra Gil hubo de ampliar el periodo de instrucción a la espera del minucioso análisis de los Mossos antes de cerrar diligencias y citar a los acusados para declarar.

Mientras sigue de plantón, y mosqueada, en cambio, los Mossos no han perdido el tiempo buscando delitos de otra índole y naturaleza en otro denunciado ejercicio de abuso temerario e irresponsable de su poder como policía judicial y del uso del material incautado en actuaciones al margen de la estricta limitación de la causa judicial.

Meses atrás, por ejemplo, los agentes encontraron un par de emails internos con referencias a Messi, muy personales, muy fuera de contexto y expresamente reprobados por el propio presidente Bartomeu en el sentido de que desde el club nunca se iba a filtrar a la prensa documentación sujeta a la confidencialidad acordada entre el club y jugadores o proveedores.

Los Mossos, por su parte, movidos por esa manifiesta inclinación a perder el tiempo y despilfarrar los recursos públicos en buscarle los tres pies al gato del Barçagate, interpretaron lo contrario y, además de intentar añadir al sumario una denuncia sin sentido ni indicios reales, también lo pusieron en manos de los medios colaboracionistas y oficiales del caso, SER Catalunya y EFE, con suficiente capacidad y seguidismo entre el resto de la prensa laportista para generar un enorme escándalo periodístico que dio como resultado la apariencia de otra condena mediática según la cual Bartomeu también era culpable de un delito de revelación de secretos.

Nada que ver con el silencio que ahora ha seguido a la decisión de la jueza de no admitir ese polémico oficio informativo de los Mossos, al que se ha añadido una nueva reprimenda sobre la naturaleza de sus actuaciones, en este sentido reiteradas, obsesivas y ciertamente aburridas. Ante la reacción de la defensa de Bartomeu, Gómez Ponti y Grau, argumentando que el informe no guardaba relación con la causa, la jueza Alejandra Gil ha optado por no incorporarlo y, además, les ha recordado que el material intervenido debía emplearse limitadamente en el recabo de información que «pudiera tener una relación directa con los hecho. En ningún momento se autorizó ningún estudio indiscriminado de datos», advierte la magistrada.

No habrá, pues, otra derivada del Barçagate ni se sostiene ese presunto delito de revelación de secretos como los Mossos pretendían añadir al expediente criminal de Bartomeu y de su equipo.

No fue el primero ni el último, puesto que pocos meses después -normalmente, cuando la actualidad laportista se viene torciendo por otros desmanes de la descontrolada gestión del club- también apareció otro adenda informativa que, desde el universo Mossos, demostraba que Bartomeu instrumentalizó fondos del club para pagar a periodistas con la finalidad de que aplaudieran y respaldaran mediáticamente su gobierno del club.

El informe de los Mossos conserva esa línea tendenciosa e imaginativa del anterior, el que ya ha sido desautorizado, sin que a la hora de la verdad pueda aportar elementos reales ni pruebas que argumenten esa supuesta trama. Lo más divertido, por echarle humor a un asunto tan tenebroso y alarmante como llegar a conjeturar que el cuerpo invierte horas y medios en promover conspiraciones judiciales por algún tipo de servilismo hacia el gobierno azulgrana de Laporta o por directrices políticas, es que no se han podido encontrar las evidencias de que esos periodistas, los que supuestamente cobraban por hablar bien de Bartomeu, publicaran o realizaran en sus medios audiovisuales comentarios elogiosos o favorables a Bartomeu en la dirección apuntada por el informe. Debe presumirse, pues, que ha sido sólo otra de sus chapuzas en un caso relevante y cada vez más popular por sus derrapes y confusiones.

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