El Servicio de Atención y Denuncia ante situaciones de Violencia Institucional (Saidavi), dependiente del colectivo Irídia, ha alertado este jueves de la situación de «racismo institucional» que se vive en casi todos los cuerpos policiales y también en el sistema judicial. Por eso, su informe anual del 2022 denuncia la «impunidad» con la que actúan muchos agentes y la poca supervisión, vigilancia o castigo que reciben posteriormente, además de disfrutar todavía de ciertos privilegios en el ámbito judicial. Por eso, el centro para la defensa de los derechos humanos Irídia ha reclamado una auditoría externa e internacional sobre las actuaciones racistas de los cuerpos policiales.
De las 113 personas que se dirigieron en 2022 al Saidavi, 57 sufrieron violencia institucional, 35 de las cuales en el espacio público. Además, en 8 de ellos concurre algún componente de discriminación racista. Irídia ha asumido la defensa de seis casos de violencia institucional en el espacio público y uno en un domicilio privado. De los casos al espacio público, tres tienen un componente racista.
De los 57 casos, 37 eran hombres y 18 eran mujeres. Hay dos menores de edad, 22 tenían de 18 a 34 años y 8 tenían de 35 a 64 años. Además de las 35 denuncias por actuaciones en el espacio público, siete pasaron en prisión, cinco en comisarías, cuatro en domicilios privados, cuatro en protestas, uno en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y uno en la fiscalía de menores. De los 57 litigios abiertos, 26 se han dado en el marco del derecho a la libertad de reunión y manifestación. 19 corresponden a actuaciones de los Mossos d’Esquadra, 21 a la Policía Nacional, cinco de funcionarios de prisiones, cinco de vigilantes privados, cuatro de la Guardia Urbana de Barcelona y tres a otros policías locales.
Desde 2016 el Saidavi e Irídia han asumido decenas de casos estratégicos. Con los que ya llevaban de años anteriores, en 2022 han llevado 62 litigios, con más de 400 actuaciones de representación legal y 205 intervenciones psicosociales. En estos 62 casos judicializados hay un total de 131 investigados: 122 policías (31 mossos, 72 policías nacionales, 13 policías locales y seis guardias urbanos de Barcelona), 7 de seguridad privada y 2 funcionarios de prisiones. En un 33% de los casos, 19, hay un componente de racismo. De los 62 litigios, 57 continúan abiertos y 5 han finalizado.
Este año el informe pone el foco en las intervenciones policiales que presentan un sesgo racista. En total, desde la creación del Saidavi en 2016, se ha llevado la representación letrada de 96 casos: un 45,8% se corresponden a actuaciones dirigidas hacia personas no nacidas en España. En el caso de los que se produjeron en el espacio público, este porcentaje crece hasta el 58,3%, es decir, en 14 de los 24 casos ocurridos en este contexto. Andrés García Berrio ha explicado que estos casos se caracterizan por la desproporción de la actuación, el inicio de la misma a partir de una motivación racista (después de una identificación por perfilació ètnico-racial o motivando esta la intervención) y/o por el uso de comentarios y vejaciones claramente racistas. Hay que destacar que dos de los elementos que se identifican como desencadenantes de la situación de violencia son, por un lado, el no reconocimiento o el cuestionamiento de la veracidad de la información que mujer la persona y, de la otra, la asociación de una persona con un hecho delictivo a partir de su perfil étnico-racial.
Se destaca que, siguiendo la tendencia de los últimos años, solo en 11 casos de los 57 que continúan abiertos se ha llevado a cabo algún tipo de inquisición a través de los mecanismos internos de investigación de la policía, y solo en tres estas investigaciones se han iniciado de oficio. En ninguno de los casos, pero, estas investigaciones han supuesto la identificación de autores concretos del hecho denunciado que no estuvieran ya previamente identificados. Además, solo en dos casos la fiscalía ha tenido un rol proactivo al fomentar la investigación o acusación. Por el contrario, en 28 casos ha tenido un rol contrario a la práctica de una investigación exhaustiva y eficaz de los hechos denunciados, y en el resto su rol ha estado de inactividad. También hay que señalar que en 28 de estos casos (el 49%) en algún momento se ha procedido a archivar las actuaciones o tramitarlas como un procedimiento de delito leve antes de practicar todas las diligencias de investigación: en 15 casos se ha aceptado el recurso de Irídia para que el proceso continuara, y en 4 se está a la espera de resolución.
El Saidavi destaca dos resoluciones en la lucha contra la impunidad de la violencia institucional. Por un lado, la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha estimado el primer recurso de amparo interpuesto por Irídia, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, con relación al derecho a la información y a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes. La sentencia hace referencia al caso de la S.E., una periodista que recibió un impacto con bala de foam mientras cubría las protestas postsentencia del proceso independentista catalán en 2019. Su caso fue archivado sin que se investigara bastante, y ahora el TC ha ordenado reabrirlo. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estimó un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que absolvía un agente de Mossos d’Esquadra que golpeó a un manifestante en la cabeza con el bastón policial durante una concentración contra la presencia del Rey en Barcelona en 2018. El TSJC la declaró nula, al concluir que la valoración de la prueba realizada por el tribunal había sido «objetivamente errónea, irracional y claramente incompleta», y ordenó repetir el juicio, en cuanto que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del denunciante.
Policías de Cornellà investigados
En la rueda de prensa se ha destacado el caso del Imad B., que ha expuesto su experiencia y ha señalado la importancia de denunciar este tipo de situaciones. Imad fue agredido por una patrulla formada por cuatro agentes de policía local en la salida de una discoteca, en Cornellà de Llobregat. Los agentes se dirigieron directamente hacia él y un amigo suyo y los pidieron la identificación. Cuando quisieron saber el motivo, uno de los agentes los respondió profiriendo la frase: «¡Moro de mierda! ¿Tú no eres de por aquí? Vete a tomar por el culo, que te reventaré la cabeza».
A continuación, le golpeó en la boca con un puñetazo, provocándole la caída de una pieza dental, entre otras lesiones. Ante esta agresión física y verbal perpetrada por un agente que no iba identificado, el Imad preguntó repetidamente «qué hacían y por qué lo golpeaban» mientras probaba de grabar los hechos con su móvil. A continuación, el mismo agente que lo había golpeado le tomó el teléfono, obedeciendo las órdenes de otro agente presente. Después continuaron golpeándolo entre todos los efectivos que se encontraban al lugar de los hechos, mientras proferían insultos racistas. Mientras estaba en el suelo, el agente que dio la orden de tomarle el teléfono lo cogió y borró el contenido del video que había conseguido grabar. No obstante, el afectado pudo recuperarlo posteriormente de la papelera de su dispositivo. El Saidavi ha destacado que fue muy importante la rápida reacción del chico grabando la actuación y apuntando los datos del vehículo para poder llevar el caso a la justicia.
Mientras todo esto sucedía, dos agentes de policía que habían llegado al lugar de los hechos a pie, junto con el cuarto agente que había salido del vehículo policial, retuvieron su amigo para evitar que grabara la agresión con su teléfono. Cuando finalmente los agentes marcharon, dejando el joven echado en el suelo y sangriento, este llamó al 112 para requerir la presencia de los Mossos d’Esquadra y de una ambulancia para que lo trasladaran a un centro médico, ante la imposibilidad de ir por su propio pie. El joven sufrió lesiones físicas y psicológicas.
El chico fue con el informe médico a la comisaría de los Mossos de la plaza España de Barcelona, cerca de donde vive. Allá, los agentes le dijeron que no podía denunciar a policías y que fuera a Cornellà a hacerlo, sin darle más indicaciones. Imad ha explicado que entonces trucó su educador social, que lo puso en contacto con Irídia. El joven, de veinte años, ha admitido que si no hubiera estado por su educador, no habría vuelto a intentar poner la denuncia.
El juzgado de instrucción número 4 de Cornellà investiga los cinco agentes intervinientes desde noviembre por los delitos de lesiones y obstrucción a la justicia con la agravante de discriminación racista. El juzgado ha tomado ya declaración a todos los investigados así como al denunciante y a un testigo, y se encuentra pendiente de recibir un informe forense así como de resolver otras diligencias.
Secuelas psicosociales
Durante 2022, y por el total de 62 casos en que se ha litigado, el área psicosocial de la entidad ha realizado 205 intervenciones. Se constata, un golpe más, que la violencia institucional provoca fuertes impactos psicológicos. Estas afectaciones requieren una atención prolongada en el tiempo y pueden agraviarse con el proceso judicial, en que la administración perpetúa la impunidad de los hechos o no valida el relato de la persona afectada, provocando así su revictimización.
A la rueda de prensa también ha intervenido SOS Racismo Cataluña. Marilda Sueiras, del Servicio de Atención y Denuncia de la entidad antirracista, ha insistido en la gravedad de las perfilacions por perfil étnico-racial, que son discriminatorias y a menudo son el origen de las actuaciones policiales racistas.
Reivindicaciones a la administración
Irídia también destaca positivamente las buenas prácticas de la administración, como la comisión de estudio sobre el modelo policial en el Parlamento de Cataluña, que presentó sus conclusiones el 2 de diciembre de 2022. En este marco los grupos parlamentarios acordaron la prohibición del SIR-X, el tipo de proyectil de foam más lesivo en uso actualmente, así como la creación de una Oficina de Atención a las víctimas de la violencia institucional. Así mismo, se valora positivamente la entrada en vigor del sistema de identificación 360 grados también al ARRO de Mossos d’Esquadra, una reivindicación histórica.
Para acabar, la entidad ha expuesto varias recomendaciones en las administraciones, la principal de las cuales es la creación de un mecanismo independiente de control de los cuerpos policiales. Así mismo, Irídia pide la mejora de los mecanismos de control internos de todos los cuerpos policiales. También destacan la necesidad de implementación de formularios de parada, para evitar las identificaciones policiales por perfil étnico-racial, que a menudo son también el origen de actuaciones policiales racistas, injustificadas y/o desproporcionadas. Además, piden más autonomía y medios para la DAI (División de Asuntos Internos) de los Mossos y que se genere una unidad especializada en discriminación racista dentro de este organismo.
En el ámbito estatal, propone la identificación de los agentes policiales en tres lugares visibles (por delante, por detrás y al casco). También pide la prohibición del uso de las balas de goma en todo el Estado. En el ámbito catalán, pide la ampliación del plazo de preservación de las imágenes de las cámaras de videovigilancia de las comisarías, que ahora es de un mes. También solicita al Departamento de Justicia que recupere la Circular 2/2021 para regular las contenciones en las prisiones, que fue sustituida en febrero por una normativa que, según Irídia, no se encamina a las contenciones cero. Así mismo, pide que a la memoria del Departamento de Interior se desglose por qué infracciones se han tramitado expedientes sancionadores y de qué tipo.
