La Junta Electoral Central (JEC) ha evitado pronunciarse este jueves sobre la eventual retirada del escaño a la presidenta del Parlamento de Cataluña y líder de Junts, Laura Borràs, por haber sido condenada a una pena de inhabilitación por el fraccionamiento de contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), pero ha dado el primer paso para que Borràs tenga que dejar la cámara catalana.
La autoridad electoral española ha dado diez días a Alba Vergés, la vicepresidenta primera del Parlamento catalán, para que decida si mantiene el acta de diputada de Borràs y justifique el motivo de su decisión. En concreto, la JEC ha marcado este plazo a Vergés para que comunique «las decisiones, resoluciones o cualquier otra medida» que el Parlamento de Cataluña «ha podido adoptar en relación con este asunto», así como las alegaciones que quiera formular.
La JEC, así pues, ha actuado igual que en los casos del expresidente de la Generalitat Quim Torra y del exdiputado de la CUP Pau Juvillà, que fueron condenados a penas de inhabilitación y perdieron los respectivos escaños antes de que hubiera una sentencia firme.
De hecho, la JEC recuerda en su resolución de este jueves que la condena a Borràs, por los delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa, encaja con los supuestos de causa de inegibilidad sobrevenida, prevista en el artículo 6.2, apartado b, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), aplicado en los casos de Torra y Juvillà.
