Más de 1.000 guardias civiles se han marchado de Cataluña por el proceso independentista

Jucil pide la dimisión de Marlaska por el "desmantelamiento encubierto" del cuerpo y lamenta el clima "hostil" que viven los agentes

La asociación policial de guardias civiles Jucil ha afirmado que desde el inicio del proceso independentista más de un millar de guardias civiles se han marchado de Cataluña. En una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Cataluña la organización ha reprochado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no haya cumplido su compromiso de reconocer este territorio como «zona de especial singularidad» por la situación «hostil» que viven los agentes desplegados en este territorio y sus familias. Ha denunciado que los hijos de los policías continúan sufriendo «acoso escolar» y ha lamentado que «el gobierno (catalán) se niegue a cumplir con la sentencia del 25% de castellano». Así, ha acusado al ministro de ser cómplice del «desmantelamiento encubierto» del cuerpo en Cataluña y ha pedido la dimisión.

Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil, ha lamentado que una parte de la sociedad catalana esté «radicalizada» y quiera que la Guardia Civil «se marche de Cataluña». Ha asegurado que la situación de «crispación» que se inició con el proceso independentista todavía continúa en algunos puntos del territorio, especialmente a zonas de Girona y Lleida. «Los hijos de los guardias civiles han sido maltratados y asediados en las escuelas por el simple hecho de ser hijos de quienes son», ha recordado Vilariño, que ha insistido en el hecho que los agentes no quieren venir a trabajar en Cataluña a causa del «clima hostil» que hay. «Somos servidores públicos al servicio de la sociedad y tanto la Generalitat como el gobierno del Estado nos están privando de hacer nuestras funciones», ha apuntado.

Más de un millar de bajas desde el procés
En este mismo sentido se ha expresado la secretaría de la organización, Mila Cívico, que ha apuntado que desde el inicio del proceso independentista «se han marchado cerca de un millar de policías» de Cataluña – actualmente en este territorio el cuerpo tiene cerca de 3.100-. Cívico ha explicado que estas bajas no se han podido cubrir porque «Cataluña no es atractiva para los policías».

Mila Cívico ha detallado que «la imposición del catalán» por encima del castellano es uno de los principales escollos a los cuales los agentes y sus familias tienen que hacer frente. «Los Guardias Civiles y sus hijos tienen prohibido estudiar en su lengua materna», ha recordado la representante sindical que ha reprochado al gobierno catalán que haya dicho en reiteradas ocasiones que «no tiene pensamiento de hacer cumplir la sentencia del 25% de asignaturas en castellano en las escuelas».

Así, ha dicho que en no existir un aliciente para hacer atractivo el destino, el cuerpo se encuentra ante una falta de personal preocupante. «El catálogo podría ser rellenado si hubiera incentivos», ha afirmado Cívico que ha manifestado que existe el riesgo que el cuerpo acabe desapareciendo en Cataluña.

Dimisión de Marlaska
Por su parte, Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil, ha recordado que en enero de 2022 el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantuvo una reunión con los representantes de la asociación sindical y se comprometió a agilizar el procedimiento para declarar este territorio como zona de especial singularidad, lo que supondría equiparar el sueldo de los miembros del cuerpo con el resto de policías autonómicas, un plus retributivo y también más vacaciones, entre otras mejoras.

Vilariño ha apuntado que «hoy en día no sabemos nada porque el ministro es como un boxeador noqueado», y ha considerado que «se mantiene en pie a duras penas» y «no sabe qué pasa en su ministerio». Por todo ello ha exigido su dimisión.

Desmantelamiento encubierto
Los responsables sindicales han asegurado que Grande-Marlaska es cómplice del «desmantelamiento encubierto» y «la aniquilación» del cuerpo de la Guardia Civil en Cataluña. Han recordado que el pasado 1 de abril se desarticuló » el grupo de explosivos de Lleida y la unidad de montaña de Puigcerdá».

También ha criticado que la Guardia Civil esté «excluida» del teléfono de emergencias 112. Así mismo, han considerado que el cuerpo está sufriendo una «usurpación» de competencias en algunos ámbitos como por ejemplo el de la vigilancia de las aguas territoriales.

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