El Principado de Andorra está muy lejos de alcanzar los estándares europeos en cuanto a la lucha contra la corrupción y delitos que están asociados, como por ejemplo el blanqueo de dinero. Esto es lo que asegura el eminente jurista austríaco Martin Kreutner (foto), decano emérito de la Academia Internacional Anticorrupción (IACA), en su informe “A brief Review donde the Anti-Corruption & Anti-money Laundering State of Playin the Principality of Andorra” (“Breve reseña sobre la situación de la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales en el Principado de Andorra”), que se ha hecho público hace pocos días.
Este informe, que está disponible en Internet, es un serio toque de atención a las autoridades andorranas, empezando por sus máximos representantes institucionales, los copríncipes Emmanuel Macron y Joan-Enric Vives. También en el Consejo Superior de la Justicia (CSJ) y a los órganos judiciales y policiales del país.
AUTORIDAD FEDERAL ANTICORRUPCIÓN DE AUSTRIA
El análisis de Martin Kreutner destaca que, a pesar de los adelantos que se han producido en el Principado en los últimos años, la lucha contra la corrupción presenta graves déficits y carencias políticas y legislativas. El nuevo Consejo General y el próximo Gobierno tendrán mucho trabajo si quieren que, de una vez, Andorra pueda ser equiparable al resto de países de su entorno europeo.
- El autor del informe “Breve reseña sobre la situación de la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales en el Principado de Andorra”, Martin Kreutner, dirigió la Autoridad Federal Anticorrupción de Austria entre los años 2001 y 2010. Además, desde el 2004 hasta el 2012, fue presidente de la Red de Socios Europeos contra la Corrupción y de la Red Europea de Puntos de Contacto Anticorrupción de la UE (EPAC/EACN). Entre los años 2012 y 2019 ejerció como decano de la Academia Internacional Anticorrupción (IACA) y es una de las voces internacionales más respetadas en el ámbito del compliance.
LAS DEMOLEDORAS CONCLUSIONES DEL INFORME
El informe “Breve reseña sobre la situación de la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales en el Principado de Andorra” ocupa 30 páginas. Atendida su relevancia y la importancia que la opinión pública andorrana tenga conocimiento, reproducimos sus conclusiones:
- Si bien Andorra ha actualizado y mejorado su legislación en los últimos años en las esferas temáticas de lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales, respectivamente, y también se ha convertido en miembro de al menos algunas de las organizaciones y foros internacionales pertinentes, el Principado se encuentra entre los pocos países que todavía no han ratificado el instrumento anticorrupción más influyente y universal, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). Además, el país todavía no se ha convertido en Parte de la Convención contra el Soborno de la OCDE y la Convención de Derecho Civil contra la Corrupción del Consejo de Europa, respectivamente. Es difícil imaginar alguna razón racional para tal negación/desafío, puesto que básicamente todos los otros países europeos (y más allá) se han unido a estos importantes instrumentos internacionales.
- En un sentido similar, el Principado todavía no ha ratificado algunos de los instrumentos contra el lavado de dinero ARD/CFT más importantes y todavía no es un miembro de pleno derecho del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sin embargo, dado que Andorra es Parte del Consejo de Europa y participa en su Comité correspondiente (MONEYVAL), es evaluado regularmente respecto a las 40 recomendaciones del GAFI. Dado que el país todavía no cumple con algunas de las recomendaciones, con tres de ellas clasificadas en el segundo nivel más bajo de cumplimiento técnico, Andorra permanecerá en manera de escrutinio de “seguimiento mejorado” y está obligado a informar a MONEYVAL sobre los progresos logrados.
- Andorra no tiene una legislación integral sobre la protección de las personas que denuncian infracciones de las leyes relevantes (los llamados “avisadores”), como se describió y exigió en el Informe de Evaluación de la Primera Ronda de GRECO sobre Andorra ya en diciembre del 2006 (!). Incluso entendiendo que Andorra todavía no es parte de algunos de los principales instrumentos internacionales, estas disposiciones y garantías son requeridas, entre otras cosas, por la Directiva de denunciantes de irregularidades de la UE del 2019, y se han convertido en un estándar de facto en el ámbito de cumplimiento internacional del mundo de los negocios corporativos. Algunos de los medios ofrecidos, por ejemplo, por la Autoridad Financiera del país (AFA) no cumplen con los requisitos y estándares antes mencionados.
- Los datos revelados por los Papeles de Panamá y los Papeles de Pandora lanzan luz sobre el papel que ha jugado Andorra en el pasado como paraíso fiscal atractivo demasiado a menudo para fortunas e ingresos muy a menudo turbios. Como consecuencia general, el país estuvo en la “lista gris” de paraísos fiscales no cooperativos de la OCDE hasta el 2009. Ante estos hechos y recordando que el Consejo General de Andorra aprobó la ratificación del Acuerdo Monetario con la Unión Europea ya en noviembre del 2011, parece justo argumentar que las autoridades andorranas tardaron una cantidad de tiempo considerable en proporcionar las regulaciones necesarias en áreas de sustancia tan sensibles e importantes. En un contexto similar, algunos de los escándalos bancarios y financieros del país (supuestos o atribuidos) podrían haberse evitado si esta legislación hubiera estado vigente en un momento anterior. Para ejemplificar todavía más, hasta que se resuelva, el caso BPA tiene el potencial duradero de cuestionar a las autoridades andorranas y su capacidad/voluntad de gestionar juiciosamente su sector bancario y los mecanismos antiblanqueo de dinero.
- Apenas ninguna de las instancias de control específico de Andorra, como la AFA (Autoridad Financiera Andorrana) , la UPLC (Unidad de Prevención y Lucha contra la Corrupción) y la UIFAND (Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra), cumple los requisitos de independencia de facto estipulados en varios marcos y estándares internacionales. Esta independencia se vuelve todavía más importante en una sociedad que está, sobre todo por el “tamaño” demográfico y la composición del país, muy compactada y donde “todo el mundo parece conocer todo el mundo”.
- El Principado no tiene un banco central propio, pero tiene un sistema de banca de reserva fraccionaria. Andorra, por lo tanto, corre un riesgo considerable de quedarse sin una entidad bancaria superior de apoyo que actúe como prestamista de última instancia, en casos de situación de déficit, caídas bancarias inesperadas, escasez de liquidez u otras crisis financieras importantes. Este desafío (por decir el menor) es ampliamente reconocido desde hace años, sin embargo, aparentemente todavía no se ha podido resolver.
- En definitiva, si bien se reconoce que se han conseguido mejoras significativas en los últimos años, estos desafíos frente a instrumentos internacionales y regionales ampliamente reconocidos y ratificados; estas lagunas en la legislación y el cumplimiento de las normas y recomendaciones internacionales; la falta de normas de protección de los denunciantes de la corrupción; la demora en la adopción e implementación de la legislación requerida; la falta de independencia fáctica de los órganos de supervisión temáticos; y la ausencia de un prestamista de última instancia claramente definido, de confianza y responsable en el sistema bancario; todos ellos, entre otros factores, tienen el potencial claro y concreto de afectar negativamente a la credibilidad política y al atractivo económico del país como lugar de negocios y como centro financiero y bancario.
