El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú ha acordado expulsar al trabajador municipal a quien pillaron desviando 30.000 euros del fondo de alquiler social. El pleno municipal ha aprobado separarlo de su cargo por una infracción muy grave, hecho que implica la pérdida de la condición de funcionario público.
El hombre está acusado de haberse quedado las fianzas de 44 contratos de la bolsa de mediación de alquiler social. Se trata de una bolsa de pisos vacíos cedidos por los propietarios. Para tramitar los contratos, los propietarios depositan una fianza al Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) y el funcionario ahora apartado se ofrecía a hacer él el ingreso del depósito. El consistorio, pero, detectó que se quedaba el dinero. Lo apartó cautelarmente y anunció una querella por estafa.
