9.000 andorranos han participado en las elecciones generales de Andorra intermediando voto judicial

9.010 andorranos ya han participado en las elecciones generales del Principado de Andorra mediante voto judicial, lo que supone un 30% de la participación, puesto que en total están llamados a las urnas 29.957 ciudadanos.

La jornada se alargará entre las nueve de la mañana y las siete de la tarde y servirá para escoger a los 28 representantes en el Consejo General (parlamento). El número de electores se ha incrementado un 9,82% respecto a los comicios de hace cuatro años en un país de 81.866 habitantes. Hay veinte candidaturas parroquiales y seis de nacionales. De estas últimas, tres son de partidos que en la actualidad tienen representación -Demócratas (DA), Partido Socialdemócrata (PS) y Liberales de Andorra (L’A)-, dos encabezados por exdirigentes de L’A y de Terceravia -que esta vez no se presenta- y una última de una nueva formación política.

El actual jefe de gobierno andorrano, Xavier Espot, repite al frente de DA, que en la actualidad cuenta con once representantes en el Consejo General. Este es el partido que ha liderado el ejecutivo del Principado durante las últimas tres legislaturas. También lo hace Pere López, que encabeza la lista del Partido Socialdemócrata, en la actualidad con siete diputados. La formación se presenta en coalición con Progressistes-SDP, liderada por el exjefe de gobierno Jaume Bartumeu y que nació hace diez años como una escisión del PS.

Mientras tanto, el número uno de la lista de L’A es el exministro Josep Maria Cabanes. El partido, que en la actualidad ocupa cuatro escaños en el Consejo General, eligió el año pasado al candidato en unas primarias muy ajustadas, en que la ministra Judith Pallarés perdió por tan solo un voto. Ahora, es la líder de Acció, una de las nuevas formaciones que concurren en estos comicios y que cuenta con exmilitantes liberales que decidieron dejar este partido a raíz de este proceso.

Por su parte, la candidata de Andorra Adelante, Carine Montaner, es consejera general no adscrita después de dejar hace dos años el grupo parlamentario de Terceravia, que el 2019 consiguió cuatro representantes y que ha optado por no presentarse a estas elecciones generales. La última lista la lidera Cerni Escaleno, del nuevo partido denominado Concòrdia.

Veinte listas parroquiales

En el ámbito territorial, Demócratas es el único partido que cuenta con candidaturas para las siete parroquias, a pesar de que en las de Ordino, Andorra la Vella y Sant Julià de Lòria lo hace con una coalición con L’A. Mientras tanto, en la Massana concurre con Ciutadans Compromesos, que han formado parte del actual gobierno, y en Escaldes-Engordany lo hace con Acció. Este partido también se presenta en solitario en La Massana. Por su parte, PS SDP + tiene listas en todas las parroquias menos la de Canillo; Andorra Adelante en las de Ordino, Andorra la Vella y Sant Julià de Lòria, y Concòrdia en las de Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria y Escaldes-Engordany.

El parlamento andorrano está formado por 28 diputados, la mitad de los cuales saldrán de las seis candidaturas de ámbito nacional que se han presentado y en función de los votos que obtenga cada una de ellas. Mientras tanto, los otros catorce se elegirán mediante la lista territorial más votada de cada una de las siete parroquias del Principado, la cual aporta en cada caso dos representantes. Andorra la Vella, con 8.693 personas, es la que tiene un número más elevado de electores y le siguen Escaldes-Engordany (5.863), Sant Julià de Lòria (4.476), Encamp (4.341), La Massana (3.483), Ordino (1.903) y Canillo (1.199).

El gobierno que surja tras los comicios tiene como uno de sus principales retos el de culminar las negociaciones para lograr un acuerdo de asociación con la Unión Europea, el cual se someterá, posteriormente, a un referéndum. En este sentido, se tendrá que buscar la ensambladura entre su apertura al mercado europeo y la preservación de sus especificidades. Además, también se verá como se canalizan, entre otros, el problema del acceso a la vivienda, enmarcado en un contexto de encarecimiento generalizado de los precios, y las demandas de varios sectores sociales que quieren despenalizar el aborto.

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