Defensa y Sant Andreu de Llavaneres firman la cesión al municipio de la Torre Martí

El edificio conocido como la Casa del Capitán General ha sido el lugar de veraneo del Inspector General del Ejército

El ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) han firmado este viernes el acuerdo de cesión de la Torre Martí al municipio. En el acto, celebrado en la sede del ministerio, también se ha hecho la entrega oficial de las llaves del edificio por parte de la ministra de Defensa, la socialista Margarita Robles, al alcalde de Llavaneres, Joan Mora Buch (ERC). El inmueble, una edificación que cuenta con jardines con piscina, es la residencia de verano del Inspector General del Ejército, pero también se utiliza para reuniones de mandos y cada verano se hacen conciertos abiertos a la ciudadanía. El ayuntamiento ha reivindicado desde hace años que en documentos encontrados por el archivero municipal quedaba patente que la propiedad de la torre por parte del Ejército no es legal y que el titular legal era el consistorio.

El 17 de agosto de 1936 ante notario y en presencia de Joan Radó Musachs, uno de los líderes de la izquierda en la comarca y nombrado alcalde al iniciarse la guerra, el doctor Ricard Martí cedió la propiedad al Ayuntamiento para construir una escuela. Se da la circunstancia que la cesión no se llegó a inscribir en el Registro de la Propiedad, pero ahora el Ayuntamiento aporta documentos como facturas por obras para demostrar que, desde entonces, es el propietario legal.

Al finalizar la Guerra Civil, el 19 de octubre de 1940, el doctor Martí cedió de nuevo la finca, también ante notario, pero a favor de la Jefatura de Propiedades Militares, es decir, del Ejército, en una acta en el cual se afirmaba que fue «víctima de las persecuciones y atropellos de los rojos separatistas». El 10 de diciembre del mismo año se inscribió esta cesión en el Registro de la Propiedad. En este contexto, el Ayuntamiento defiende que no se puede ceder el que ya se cedió una vez.

Informaciones a las cuales ha tenido acceso EL TRIANGLE apuntarían en la dirección que cuando el doctor Martí hizo la primera cesión de su inmueble al Ayuntamiento de Llavaneres el 1936, lo hizo estando detenido por las autoridades republicanas. En estas circunstancias, habría la duda razonable de que la cesión no habría sido voluntaria. Algunos juristas consultados apuntan, en este sentido, que una cesión hecha «a punta de pistola» perdería toda validez, a pesar de que también defienden que por los años que han pasado desde los hechos en cuestión sería difícil demostrar cualquier cosa en este sentido.

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