La fiscalía ha asegurado este jueves que los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament de 2017 eran plenamente conscientes que desobedecían los requerimientos del Tribunal Constitucional (TC) cuando admitían a trámite iniciativas parlamentarias contrarias al mandato del tribunal.
En su informe final, el fiscal ha dicho que la desobediencia fue «abierta» y que los cuatro acusados no pueden alegar que la doctrina anterior del TC los amparaba, puesto que no era «pétrea» y los avisos del tribunal eran «claros, precisos y concretos». Además, ha negado que el juicio al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobediencia contra Lluís Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet y Anna Simó sea contra la inviolabilidad parlamentaria.
El fiscal Pedro Ariche ha hecho un extenso informe de más de una hora, en el que ha asegurado que todos los hechos denunciados no tienen ningún tipo de discusión porque están documentados. Sobre la interpretación de estos hechos no discutidos, ha dicho que las órdenes del TC eran «sucintas, pero claras, concretas y precisas», y, por lo tanto, los miembros soberanistas de la Mesa tenían los medios suficientes para entenderlas y cumplirlas.
Además, ha recordado que los acusados sabían las consecuencias del incumplimiento, porque eran «debidamente advertidos» por los letrados de la cámara. «Eran plenamente conscientes que sobrepasaban completamente los límites, por lo cual su actuación no puede ampararse en la inviolabilidad parlamentaria o la libertad de expresión», ha remachado.
Defensas: derecho a equivocarse
Judit Gené, abogada de Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet, ha pedido al tribunal que dicte una sentencia según las pruebas practicadas en los tres días de juicio, y no basándose en la anterior sentencia o las sentencias del Tribunal Supremo sobre Joan Josep Nuet y Carme Forcadell.
Para Gené, sus clientes quizás «no estuvieron acertados, pero tenían el derecho a creer, por la jurisprudencia anterior y la falta de antecedentes sobre la materia», que tenían que preservar el debate parlamentario por encima de los requerimientos del TC. «¿No tenían derecho a creerlo, bajo error si ustedes quieren?», ha preguntado a los magistrados.
