El Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad avalar el decreto ley con el que el gobierno de España frenó en 2019 el desarrollo de la república digital catalana, adelanta El Confidencial.
Los sectores progresista y conservador, discrepantes desde que se renovó la composición del tribunal de garantías, han apoyado la ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer, que desestima el recurso que interpuso el gobierno de la Generalitat, entonces presidido por Quim Torra.
Ese recurso adujo que el gobierno central había invadido competencias del ejecutivo catalán en materia de despliegue de la administración digital, ciberseguridad, contratación pública e infraestructuras digitales, ya que el ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez reaccionó estableciendo en su decreto ley que el servidor que gestionara datos públicos debía estar ubicado en Europa y que el DNI -y su versión electrónica- eran insustituibles como formas de identificación.
El proyecto del gobierno Torra, que pretendía empezar a desplegar una identidad digital catalana, lo impulsó el entonces consejero de Políticas Digitales y Administraciones Públicas, Jordi Puigneró, y contaba con una aportación inicial de 700.000 euros, prevista en un convenio firmado entre el Departamento de Políticas Digitales y Administraciones Públicas y el Consorcio Administración Abierta de Cataluña, para el período 2019-2021.
