No la conozco personalmente de nada. Solo sé que Assumpta Pagespetit ha declarado en el juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por las graves irregularidades producidas en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), durante la etapa en la cual Laura Borràs fue su directora.
Esta funcionaria ha explicado ante el tribunal, de manera clara y precisa, que advirtió reiteradamente a Laura Borràs que estaba contraviniendo la ley de contratación pública de la Generalitat con sus “martingalas” para conseguir que su amigo Isaías Herrero se llenara los bolsillos con la excusa de la remodelación de la nueva web de la ILC. Assumpta Pagespetit se negó a hacer la vista gorda ante los abusos de los falsos contratos menores que hacía Laura Borràs e informó a sus superiores del departamento de Cultura y de Intervención de la Generalitat.
No le hicieron mucho caso, porque Laura Borràs acabaría siendo consejera de Cultura, después diputada y, finalmente, presidenta del Parlamento de Cataluña, cargo del cual ha sido suspendida provisionalmente, en espera del veredicto del TSJC. Pero de todo este impresentable escándalo, yo me quiero quedar con la recta actitud de Assumpta Pagespetit, responsable de la gestión administrativa de la ILC.
Un pueblo, una ciudad, una región, un Estado… no pueden funcionar sin la existencia de una administración rigurosa, transparente, ágil y auto-exigente. Los países más avanzados son los que tienen una mejor administración (cosa que no quiere decir, necesariamente, que sean los que tienen un mayor número de funcionarios).
En este sentido, uno de los grandes males que afectan a España es –a pesar de todos los adelantos tecnológicos que se han realizado- el deficiente funcionamiento de su administración, en comparación con los países europeos más avanzados. Organismos vitales que dependen del Gobierno central, como la Seguridad Social, el INSS o el SEPE, se han convertido en una tortura para los ciudadanos que tienen que hacer gestiones. Sólo Hacienda funciona como un reloj y, con frecuencia, con un desmedido exceso de celo, vinculado a las suculentas primas que cobran sus funcionarios por perseguir la infracciones y el fraude fiscal.
En demasiadas ocasiones, trámites supuestamente sencillos como renovar el DNI o el pasaporte; conseguir el carnet de conducir, el NIE… resultan kafkianos, por falta de personal que asuma y agilice el trabajo administrativo. La situación es especialmente preocupante en Cataluña, donde los servicios que dependen de la Administración central del Estado, bajo la dirección de la delegada Maria Eugènia Gay, están en precario de manera permanente y transmiten una lamentable imagen de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.
Esta deficiente planificación y previsión también tiene graves repercusiones en el mundo local. La falta de funcionarios que ocupen las plazas de secretario y de interventor, que tienen que ser proveídas por el Estado, trastoca el funcionamiento de muchos ayuntamientos y es un agujero por donde se cuelan la corrupción y la prevaricación de alcaldes y concejales sin escrúpulos.
La administración de justicia, que depende del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es pésima. La exasperante lentitud de los procedimientos hace que la percepción de la sociedad catalana y española sobre el funcionamiento de esta institución, pilar fundamental del Estado de Derecho, sea –más allá de las sentencias y resoluciones polémicas que dictan determinados jueces- muy negativa.
Los males de la justicia tienen su origen en el mismo CGPJ. Recordemos que sus miembros tienen el mandato caducado desde hace más de cuatro años (!) y que no hay manera de proceder a su renovación, a causa de las cainitas disputas entre partidos y entre las propias asociaciones de magistrados, incumpliendo de manera escandalosa el mandato constitucional.
Cataluña, después de la muerte del dictador Franco, tuvo una oportunidad única: construir, ex-novo, una administración ejemplar para gestionar las competencias de la Generalitat. Precisamente, la gran obsesión del presidente Josep Tarradellas fue crear un cuerpo de servidores públicos impecable y motivado por la excelencia, a imagen de la sólida administración francesa, que él conocía de primera mano de los largos años que pasó en el exilio.
Desgraciadamente, no supimos aprovechar esta oportunidad histórica. Jordi Pujol creó una administración hinchada a su servicio personal y al de su proyecto político nacionalista, llenando el organigrama con muchas personas incompetentes -el nepotismo y la lealtad ciega eran más importantes que la eficacia- y también con algunas manzanas podridas.
Los casos de corrupción que han carcomido la Generalitat desde hace más de cuatro décadas no habrían sido posibles sin la complicidad o el miedo de funcionarios y técnicos que han aceptado doblegarse a las presiones de los cargos políticos deshonestos. El espectáculo del Parlamento, nuestra máxima institución de autogobierno, con funcionarios que cobran sin ir a trabajar, provoca asco y estupor.
Por eso, valoro la valentía y la dignidad de Assumpta Pagespetit a la hora de denunciar ante el TSJC las groseras irregularidades de Laura Borràs en la dirección de la ILC. Esta funcionaria, que acabó enfermando y teniendo que pedir la baja, es el paradigma de la Cataluña limpia que habría podido ser, que nos merecemos y que, sin duda, algún día tendremos.., si hay políticos que entienden que una tarea fundamental, inherente al cargo, es organizar y dinamizar la administración.
