La ruptura de relaciones del Ayuntamiento de Barcelona con “el Estado de Israel” es casi una anécdota. La historia de esta ruptura esconde descarados intereses electoralistas y profundas convicciones ideológicas que están cerca de la fina línea que separa una opción política del discurso del odio. Se trata de una operación planificada y pilotada desde la plaza Sant Jaume de Barcelona. No es casual que Ada Colau iniciara hace unos meses una dura campaña en contra de Israel, ni es casual que la ruptura se produzca en estos momentos, a tres meses vista de las elecciones municipales. La alcaldesa quiere compensar el desgaste público de su gestión municipal con golpes de efecto ideológicos que le sirvan para reconciliarse con un electorado que empieza a abandonarla.
Colau necesitaba un revulsivo. Y el gesto de rasgarse las vestiduras contra Israel contenta un izquierdismo maniqueo y sencillo y, de rebote, favorece las expectativas electorales de la líder de Barcelona en Comú (BeC). La campaña de preparación del terreno para la ruptura fue promovida desde el Ayuntamiento por la plataforma Decidim Barcelona, controlada absolutamente por los comunes. Desde aquí, se articuló la recogida de firmas que apoyaran a la petición y que simularan una opción mayoritaria de la ciudadanía.
De cara a la opinión pública, las dos plataformas que han movido la ruptura con Tel Aviv fueron Lafede.cat y Prou Complicitat con Israel, que en realidad son entidades en manos de los comunes. Es más: estas dos plataformas se componen a su vez de ONG que no solo viven en buena parte de las subvenciones oficiales (y las del Ayuntamiento son muy gruesas), sino que tienen unos postulados que coinciden de pe a pa con los de los comunes. Si tenemos en cuenta esta realidad, resulta muy fácil hacerse una composición de lugar respecto al planteamiento de una operación política que va mucho más allá de plasmar una reivindicación ética: está hecha para mayor gloria de una opción política que tiene que contentar a su electorado.
Paradójicamente, el deshermanamiento con Tel Aviv es extensible a Gaza, puesto que el acuerdo trilateral se firmó con estas dos ciudades el 24 de septiembre del 1998. En la página de relaciones internacionales del consistorio barcelonés consta la suspensión temporal de estos dos hermanamientos: el de Tel Aviv, sin ninguna opción a colaborar; pero el caso de Gaza, a pesar de este aviso, destaca que “la dirección de Cooperación del Ayuntamiento de Barcelona asegura las relaciones con la municipalidad de Gaza y con todas aquellas entidades ciudadanas que trabajan en Gaza y Palestina”. Además, enumera cuatro proyectos “realizados o en curso de realización”: la construcción del Barcelona Peace Park, en el barrio de Tal al Hawa; la asistencia técnica en materia de salud mental; el apoyo en medicina oftalmológica en los hospitales de la zona, y la construcción de la infraestructura y la urbanización del barrio de Al-Nasser. En resumen, la decisión de Ada Colau solo quiere castigar Tel Aviv y, por extensión, Israel.
Por qué Barcelona no ha revisado los hermanamientos que tiene con ciudades como Dubai, Isfahan, Shangái o La Habana, pertenecientes a dictaduras o a regímenes con una calidad democrática que está bajo cero? Porque esto no da votos. No interesan a nadie. Pero Israel “vende” mucho. Y Barcelona dispone de una extensa red de entidades propalestinas que actúan de altavoz, magnificando el gesto. Hay otro detalle importante que abona esta operación política: en marzo del 2022, al poco de la invasión de Ucrania, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona votó la ruptura de relaciones con la ciudad hermandada de San Petersburgo. La alcaldesa congeló su decisión para hacerla coincidir con la ruptura de Israel y así disimular la decisión unilateral –y de espaldas al consistorio– tomada ahora: mientras ejecutaba la orden del pleno de hace un año, decidía por su cuenta declarar la guerra a Israel. Y, cosa que es peor, camufla la decisión sobre Israel, que fue a dedo, con la de San Petersburgo, tomada por el plenario municipal. Nada a ver entre una situación y la otra.
“Un centenar de asociaciones”
Pero Ada Colau ha dispuesto así de un apoyo legal que le era vital para camuflar sus intereses electorales. Este apoyo le llegó con una simulación de participación popular viciada de salida, sin debate público y con un final escrito previamente. En una carta abierta, Colau decía al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que su decisión se debe a la petición de “un centenar de asociaciones” y después de “un proceso participativo reglado, al contar con miles de firmas de barcelonesas y barceloneses, que comporta la obligación de dar una respuesta institucional a sus demandas concretas, que son: denunciar el crimen del apartheid contra el pueblo palestino; dar impulso a las entidades palestinas e israelíes que trabajan por la paz en el territorio, y romper los acuerdos de hermanamiento que Barcelona mantiene con el Ayuntamiento de Tel Aviv, dado que no responden ni al contexto ni a los objetivos con que fueron firmados ahora hace 25 años”.
Ada Colau alude en declaraciones del exsecretario general de la ONU Ban Ki-moon y del obispo sudafricano Desmond Tutu, que se refirieron a la situación de los palestinos como una cosa parecida a un apartheid, apreciaciones que fueron sostenidas, dice la alcaldesa, por los premios Nobel Rigoberta Menchú, Adolfo Pérez Esquivel o Betty Williams. Escribe la alcaldesa de Barcelona: “No puedo permanecer impasible ante la vulneración sistemática de los derechos básicos de la población palestina. (…) Soy consciente que la población civil israelí también ha sufrido atentados y episodios violentos, y no tenga ninguna duda que, como alcaldesa, condeno y condenaré cualquier tipo de violencia contra la población civil de cualquier país”.
Por eso, comunica en la carta dirigida al primer ministro israelí que “os hago saber que he decidido suspender temporalmente las relaciones con el estado de Israel y con los instituciones oficiales de este Estado –incluyendo los acuerdos de hermanamiento con el Ayuntamiento de Tel Aviv– hasta que los autoridades israelíes pongan fin a la violación sistemática de los derechos humanos contra la población palestina y cumplan plenamente las obligaciones que le imponen el derecho internacional y las diferentes resoluciones de las Naciones Unidas”.
Lior Haiat, portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, contestó a Colau en tres contundentes tuits: “La declaración de la alcaldesa de Barcelona sobre la suspensión de las relaciones con el Estado de Israel y con la ciudad de Tel Aviv es una decisión lamentable, que está totalmente en contra de la opinión de la mayoría de los ciudadanos de Barcelona y sus representantes en el Ayuntamiento. La decisión es un refuerzo para extremistas, grupos terroristas y antisemitas, y está en contra de los intereses de los ciudadanos de Barcelona. Hace muchos años que la amistad entre Israel y Barcelona está basada en una cultura y unos valores compartidos. Esta penosa decisión no conseguirá echar a perder esta amistad”.
La Federación de Comunidades Judías de España (FJCE) también emitió un comunicado en el cual dice que “con el único apoyo de 4.000 firmas, por decreto y sin debate, la comisión de gobierno ha tomado esta decisión que no representa, ni en forma ni en fondo, lo que es Barcelona ni sus ciudadanos”. Esta entidad denuncia la “creciente presión alrededor de las comunidades judías a raíz de la campaña del Ayuntamiento de Barcelona”. El 17 de enero pasado, la FJCE envió una primera carta a Colau para establecer un diálogo sobre las relaciones con la comunidad judía. Pero la alcaldesa no quiso recibirlos.
“Consideramos que lo que pasa en Tel Aviv, o en Israel, puede suscitar diferentes opiniones, igual que en cualquier otro país o ciudad, pero independientemente del gobierno que tenga la ciudad de Tel Aviv, es evidente que el Ayuntamiento de Barcelona no ha tenido en cuenta que se trata de una ciudad ejemplo de convivencia, donde se defiendan las libertades, se protegen las minorías y donde sus ciudadanos viven en paz sean cual sea su raza, origen o religión”.
La federación destaca que Barcelona es la única ciudad del mundo que cuestiona la legitimidad de Tel Aviv. “Por eso, según nuestra opinión, esta decisión no tiene que ver ni con la política ni con los derechos humanos ni con la paz. Este hecho tiene un nombre: se dice antisemitismo sofisticado”, afirma la FJCE en su comunicado.
Los comunes aseguran que “más de 100 entidades y miles de vecinos y vecinas de Barcelona” han pedido a Colau que corte las relaciones con “el Estado de Israel por la vulneración reiterada de los derechos básicos de la población palestina. Es hipócrita condenar la invasión militar de Ucrania y cerrar los ojos ante décadas de ocupación militar de territorios palestinos”. Además, han reaccionado a las críticas recibidas con un listado de personalidades que apoyan esta decisión. El listado lo encabeza el mítico Paco Ibáñez y en él se incluyen Jaume Roures, José María González, Kichi, Teresa Rodríguez, Jaume Asens, Maruja Torres, Oleguer Preses, Alberto San Juan, Julio Manrique, Carles Riera, Eulàlia Reguant, David Fernández, Anna Gabriel, Dina Bousselham, Ernest Urtasun, Fermín Muguruza…
En una carta pública, felicitan la alcaldesa Ada Colau por haber tomado la “valiente decisión de suspender los lazos institucionales con el apartheid de Israel” y afirman que “Barcelona será ahora recordada en la historia como el primero gran ayuntamiento que rompió lazos con el apartheid en solidaridad con el pueblo palestino. […] Esta decisión va más allá de Barcelona. Es una clara respuesta a la lucha de la sociedad civil catalana, y de los movimientos sociales, sindicales y de los partidos políticos de todo el mundo que luchan por los derechos de todas”.
Añade la misiva en apoyo de Ada Colau que es “un hito histórico” porque el régimen de Israel “ha asesinado más de 50 menores de edad solo el 2022 y más de 2.000 desde el año 2000. […] No podemos olvidar que con el actual gobierno israelí, el más ultraderechista, racista, sexista y homófobo de la historia del país, la rendición de cuentas es más necesaria que nunca para poner fin a su impunidad y obligarlo a respetar los derechos del pueblo palestino”.
