La Sala de lo penal del Tribunal Supremo, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha revisado la sentencia dictada en la causa del proceso independentista del 14 de octubre de 2019 ante la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y da una redacción a los delitos de malversación y desórdenes públicos, para determinar si la pena de inhabilitación impuesta a los condenados, no extinguida por no estar alcanzada por el indulto parcial del Gobierno, tiene que ser sustituida por penas que la reforma asocia a los nuevos tipos delictivos.
La Sala concluye que «tiene que condenar a los acusados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa como autores de un delito de desobediencia en concurso real con un delito de malversación de caudales públicos». También «rechaza rebajar la pena por el delito de malversación que los cuatro tenían impuesta, que quedará extinguida, según la liquidación de condena ya practicada en las respectivas ejecutorias, en 2031 en el caso de Junqueras y Bassa, y en 2030 en el de Turull y Romeva».
Así mismo, el comunicado dice que el Supremo «condena a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart como autores de un delito de desórdenes públicos y a Carme Forcadell, Josep Rull i Joaquim Forn como autores de un delito de desobediencia«. Y, «a pesar de esto, en relación con estos condenados, la entrada en vigor de la reforma de 2022 determina la extinción total de sus respectivas condenas de inhabilitación».
La Sala «rechaza en su acta que el derogado delito de sedición pueda entenderse ahora castigado en el nuevo delito de desórdenes públicos, y advierte que la reforma deja impunes los procesos secesionistas que no vayan acompañados de actas de violencia o intimidación». El tribunal que ha dictado el acto está formado por Manuel Marchena (presidente y ponente), Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer, que dictaron la sentencia del proceso independentista.
