El Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) están a punto de cerrar un acuerdo por el cual el Ejército cederá la Torre Martí al ayuntamiento gobernado por ERC. El inmueble, una edificación que cuenta con jardines con piscina, es la residencia de verano del Inspector General del Ejército, pero también se utiliza para reuniones de mandos y cada verano se hacen conciertos abiertos a la ciudadanía.
Según avanza el ABC, la ministra de Defensa, la socialista Margarita Robles, ha acabado accediendo a las reiteradas peticiones del alcalde republicano de Llavaneres, Joan Mora Buch, en las cuales exigía que la finca pasara a usos municipales, una cesión que ya no tiene vuelta atrás, después de que Robles mostrara en el Senado su «total disposición» a estudiar la cesión de bienes que no se usen para la «defensa nacional». El ayuntamiento argumenta que en documentos encontrados por el archivero municipal quedaba patente que la propiedad de la torre por parte del Ejército no es legal y que el titular legal era el consistorio.
El 17 de agosto de 1936 ante notario y en presencia de Joan Radó Musachs, uno de los líderes de la izquierda en la comarca y nombrado alcalde al iniciarse la guerra, el doctor Ricard Martí cedió la propiedad al Ayuntamiento para construir una escuela. Se da la circunstancia que la cesión no se llegó a inscribir en el Registro de la Propiedad, pero ahora el Ayuntamiento aporta documentos como facturas por obras para demostrar que, desde entonces, es el propietario legal.
Al finalizar la Guerra Civil, el 19 de octubre de 1940, el doctor Martí cedió de nuevo la finca, también ante notario, pero a favor de la Jefatura de Propiedades Militares, es decir, del Ejército, en una acta en la cual se afirmaba que fue «víctima de las persecuciones y atropellos de los rojos separatistas». El 10 de diciembre del mismo año se inscribió esta cesión en el Registro de la Propiedad. En este contexto, el Ayuntamiento defiende que no se puede ceder lo que ya se cedió una vez.
Informaciones a las cuales ha tenido acceso EL TRIANGLE apuntarían en la dirección que cuando el doctor Martí hizo la primera cesión de su inmueble al ayuntamiento de Llavaneres eN 1936, lo hizo estando detenido por las autoridades republicanas. En estas circunstancias, habría la duda razonable de que la cesión no habría sido voluntaria. Algunos juristas consultados apuntan, en este sentido, que una cesión hecha «a punta de pistola» perdería toda validez, a pesar de que también defienden que por los años que han pasado desde los hechos en cuestión sería difícil demostrar cualquier cosa en este sentido.
