La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que rebaje de 13 a 7 años la inhabilitación del líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, dictada cuando fue condenado también a 13 años de cárcel como culpable de los delitos de sedición y malversación de fondos públicos.
Este órgano de la Administración General del Estado, así pues, discrepa del criterio de la Fiscalía, que alegó que no deben revisarse la condena impuesta a Junqueras y pidió que al Supremo que mantenga las inhabilitaciones resultantes de condenas por malversación agravada, y que aplique a los condenados por sedición el delito de desórdenes públicos agravados.
La Abogacía del Estado coincide en que corresponde apreciar este último delito pero, en cambio, argumenta que es pertinente rebajar la inhabilitación de Junqueras, esgrimiendo las penas previstas en los artículos 433 y 557.2 del Código Penal, relativos, respectivamente, al uso de patrimonio público para una finalidad a la que no estaba destinado -modalidad menos grave de la malversación- y a los desórdenes públicos agravados -el delito que ha sustituido a la sedición en la última reforma penal-.
Asimismo, pide para las inhabilitaciones de los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa rebajas de los 12 años a los 6 años y 9 meses; en los casos de los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull, rebajas de los 10 años y 6 meses a los 6 años y 3 meses; para Carme Forcadell, una rebaja de los 11 años y 6 meses a los 6 años y 6 meses; y para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que la pena de 9 años de inhabilitación pase a ser de 4 años de inhabilitación.
