45 agentes de la Policía Nacional han sido procesados, y otros 20 exonerados, en la causa sobre las cargas durante el dispositivo contra la votación del 1 de octubre del 2017, que ha investigado el Juzgado de instrucción número 7 de Barcelona durante los últimos cinco años.
El auto, conocido este martes, cierra la investigación y abre un plazo de 40 días para que las acusaciones y las defensas presenten sus escritos y se pronuncien sobre si piden el archivo del caso o la apertura del juicio oral.
Los agentes procesados afrontan acusaciones por los delitos de lesiones, torturas y contra la integridad moral, presuntamente cometidos durante su intervención en más de una veintena de centros escolares y otras dependencias públicas habilitadas como puntos de votación del 1-O.
Esta instrucción afecta a los agentes que intervinieron directamente y no a sus mandos policiales. En el 2021, la Audiencia de Barcelona descartó que los mandos ordenaran actuar «con contundencia» o utilizando «más violencia que la imprescindible».
