El Tribunal Supremo tiene serias dudas de poder aplicar el nuevo delito de desórdenes públicos agravados a los condenados por el 1 de octubre. Según explica La Vanguardia, durante el proceso de revisión de las condenas, los magistrados están debatiendo si podrían atribuir a los condenados la «violencia» que a juicio de la justicia española hubo el 20 de septiembre del 2017 frente a la sede del Departament de Economia y durante el referéndum del 1-O.
Sin embargo, en estos momentos lo ven poco viable. El motivo es que en la sentencia ya rechazaron que en las concentraciones de esos días los líderes políticos ordenaran actuar con violencia. La tesis seguiría el camino de la del juez Pablo Llarena, que descarta pedir el delito de desórdenes para Carles Puigdemont.
Sin embargo, el alto tribunal aún lo estudia y habría dos nombres que tendrían más números que les acusaran de este delito: Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El argumento principal es su papel en la calle en esas dos jornadas, especialmente por la concentración ante Economia. La intención del Supremo es tener resuelta la revisión de la sentencia en un mes, a finales de febrero.
