El eurodiputado de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha interpuesto un recurso contra el auto con el que el magistrado instructor del principal caso del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, dictó su procesamiento por los delitos de malversación de fondos públicos y desobediencia.
En el recurso, la defensa de Puigdemont acusa a Llarena de perseguirle políticamente porque le considera «enemigo de España» y de extralimitarse de la función jurisdiccional, destacando como «inasumible» la crítica que ha dedicado a la reforma penal que ha suprimido el delito de sedición, por el que el instructor había procesado antes al expresidente catalán.
Además, considera que Llarena muestra una «falta absoluta de imparcialidad», que no es competente para investigarlo, y que la causa debería recalar en los juzgados de Barcelona.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, alega también que, si Llarena no plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el procedimiento vulnerará los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con garantías y al juez predeterminado por la ley.
