El gobierno español ve cada vez más claro que la reforma del Código Penal acerca la extradición y condena de Carles Puigdemont a España para que le caigan, como mínimo, 8 años de cárcel, que podrían ser 12. Esto, aunque Pablo Llarena no le acabe reclamando por desórdenes públicos agravados.
Este miércoles ha hablado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños: «Incluso cuando el juez Llarena entiende que no se puede aplicar el nuevo delito, está diciendo que caben la malversación y la desobediencia, por lo que son entre 8 y 12 años de cárcel y entre 10 y 20 de inhabilitación».
En la misma línea se ha manifestado María Jesús Montero, ministra de Hacienda: «Ojalá esto sirva para que el señor Puigdemont pueda ser extraditado a nuestro país y pueda responder ante la justicia», ha afirmado en una entrevista en TVE.
