El magistrado que instruye la principal causa sobre el procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dejado sin efecto las euroórdenes que cursó para traer al expresidente Carles Puigdemont a España para que se le juzgara por sedición, y ha retirado la acusación cuenta él por ese delito, desaparecido del Código Penal a raíz de la última reforma, que ha entrado en vigor este jueves.
Llarena, eso sí, ha mantenido las acusaciones contra Puigdemont por los delitos de malversación de fondos públicos y desobediencia, pero ha descartado atribuirle la presunta comisión del delito de desórdenes públicos agravados, que ha sustituido al de sedición, porque concluye que los hechos no encajan con el nuevo tipo de penal.
De hecho, el instructor del Supremo ha considerado que la derogación del delito de sedición ha dejado los hechos que él ha investigado sobre el procés en un «contexto cercano a la despenalización».
Llarena, por otra parte, ha mantenido las órdenes de búsqueda y captura nacionales por los delitos de malversación y desobediencia no solo para Puigdemont, sino también para los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, y ha aplazado la emisión de una nueva euroorden contra los tres.
La cuarta miembro del gobierno catalán que se marchó al extranjero para evitar a la justicia española y que todavía no había regresado a España, Clara Ponsatí, ahora sólo está procesada por desobediencia, lo mismo que la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
