El 10 de mayo, la Mesa del Parlament admitió a trámite la propuesta de resolución de ERC, JxCat, la CUP y En Comú Podem para crear una comisión de investigación del caso Pegasus sobre espionaje a independentistas catalanes. Menos de un mes antes, el colectivo canadiense Citizen Lab había publicado un informe, que bautizó como CatalanGate, que aseguraba que los teléfonos y dispositivos digitales de 65 personas partidarias de la independencia de Catalunya habían sido espiados mediante los maliciosos software Pegasus y Candiru. Casi ocho meses después esta comisión sólo se ha reunido en dos ocasiones, con un total de 24 minutos de trabajo entre ambas.
La creación de esta comisión fue justificada por sus impulsores porque el Congreso de los Diputados se había negado a poner en marcha una similar. Se le puso el título de “Comisión de Investigación sobre el Espionaje de Representantes Políticos, Activistas, Periodistas y sus Familiares por parte del Reino de España con los Programas Pegasus y Candiru”. El CatalanGate de Citizen Lab no atribuía el espionaje al gobierno español pero los impulsores de la comisión lo tenían tan claro que incluso lo afirmaron en su encabezamiento.
“Ya que el Congreso, con los votos del PP y del PSOE, VOX y Cs, ha vetado la comisión de investigación sobre espionaje, los cuatro grupos parlamentarios consideran que el Parlamento de Catalunya no puede quedar impasible ante la gravedad de los hechos, que atentan directamente contra derechos fundamentales. Por eso, defienden la obligación de proteger a los representantes políticos y de los ciudadanos, que de manera indirecta, también se les ha espiado y, por tanto, se les ha vulnerado el derecho a la intimidad y secreto de las comunicaciones, entre otros derechos”, indicaba el texto de la propuesta de resolución.
El Congreso no creó ninguna comisión de investigación por el caso Pegasus, pero el Parlament de Catalunya no ha mostrado tampoco ningún interés por ella. La primera sesión de esta comisión no se celebró hasta el 21 de septiembre. La CUP se quejó de la situación absurda que suponía que se justificara la creación de una comisión aduciendo la necesidad y urgencia de la investigación de este caso y que cuatro meses después de que se aprobara su constitución no se hubiera reunido ninguna vez. ERC y Junts adujeron que no se ponían de acuerdo sobre quién debía presidirla para argumentar el retraso. Finalmente, la diputada de ERC Meritxell Serret fue elegida presidenta en una sesión que duró 17 minutos y 44 segundos y que no tuvo ningún punto del orden del día más.
La segunda y última sesión de la comisión Pegasus se celebró el 8 de noviembre, mes y medio después, y no fue para empezar a trabajar y decidir qué comparecencias debían pedirse sino para cambiar de presidente. Serret fue nombrada consejera de Acción Exterior y Transparencia el 10 de octubre y tuvo que dejar la presidencia de la comisión en manos de su correligionario Josep Maria Jové. Esta segunda reunión fue aún más corta que la anterior: 6 minutos y 15 segundos. Jové asumió el cargo diciendo que “aprovechando que también hoy ha salido el primer informe de la comisión de investigación del Parlamento europeo, emplazarnos a trabajar rápido también aquí en el Parlament y en las próximas horas y días nos pondremos en contacto con los grupos parlamentarios para empezar a definir el plan de trabajo”.
Muy rápida tampoco ha sido el trabajo porque prácticamente dos meses después todavía no se ha anunciado ningún plan de trabajo ni qué comparecencias se van a pedir.
Es evidente que los grupos independentistas no tienen ningún interés en que la Comisión Pegasus se ponga en marcha. Quizás la reservan como un instrumento para utilizar políticamente durante la campaña de las elecciones municipales o quizás son conscientes de la falta de rigor con la que Citizen Lab elaboró su CatalanGate y de los errores que se han detectado en él. El último ha sido que incluyó equivocadamente al eurodiputado Toni Comín en el listado de independentistas espiados. El director de Citizen Lab, Ronald Deibert, quien, cuando promocionaba su informe, había declarado en entrevistas a los medios de comunicación que era cien por cien fiable, reconoció, en un comunicado publicado en su web el 22 de diciembre, que se habían equivocado al afirmar que Comín había sido espiado. «Un investigador leyó mal las etiquetas», confesó. Con un informe en las manos con estos errores se entiende que los independentistas no tengan prisa en ponerlo sobre la mesa de ninguna comisión de investigación.
