La Fundació Barça no está lejos de convertirse en otro foco destacado del nepotismo y el amiguismo tan dominantes en la administración de Joan Laporta, que hasta se ha visto obligado a centrar su discurso de la pasada Navidad en la figura de su hijo, Guillem Laporta, como consecuencia de esa vocación repentina y tardía por dedicarse a la intermediación y representación de jugadores de fútbol.
Las revelaciones periodísticas al respecto han revelado y detectado el exceso de proximidad del hijo de Laporta a operaciones del propio club azulgrana, desde luego desmentidas por el presidente, y padre en este caso, y por Sergi Atienza, Compliance Officer del FC Barcelona, nombrado a dedo y generosamente contratado también por Joan Laporta que, en cambio, no parece demasiado preocupado por la desmedida ambición salarial de su prima, Marta Segú, puesta al frente de la Fundació Barça al poco de regresar a la presidencia.
Cuando no se habían remansado todavía las aguas turbulentas, tras conocerse que la directora de la Fundació ha intentado enmascarar un sustancial aumento de su retribución mediante trucos en la presentación contable de las cuentas anuales, otros datos sobre su gestión amenazan con otra tormenta de considerables dimensiones al detectarse indicios de falta de la obligada trasparencia con la que debe actuar la Fundació.
En este sentido, la memoria de la temporada 2021-22 de la Fundació Barça sigue arrojando información relevante, pues mientras la prima del presidente Laporta se ha doblado su sueldo, por otro lado, ha reducido la plantilla en casi un 30%, dejando su capacidad de actuación muy mermada, según reconocen empleados y técnicos de ese cuerpo de trabajo.
La revelación periodística de esta revisión salarial, autodecidida desde el propio despacho de la directora, ha dado pie también a situaciones de cierto conflicto con el comité de empresa del club, que ha alertado sobre una situación de aumento de la actividad frente a una minoración del número de trabajadores.
Fuentes próximas destacan que el representante de este colectivo de la Fundació en el comité de empresa no es precisamente el más activo a la hora de defender los derechos de los suyos, entre otros motivos porque forma parte de ese Comité de Dirección que ha dado cobertura a la maniobra de esconder lo que verdaderamente cobra Marta Segú.
De igual forma, según la normativa vigente, la Fundació Barça está obligada a publicar las remuneraciones de los ‘cargos directivos’, definidos como aquellas personas que se vinculan laboralmente con un contrato de alta dirección. Se da la circunstancia de que ese presunto Comité de Dirección de la Fundació Barça estaría integrado ahora mismo por Yolanda Antin (Program Manager) y Paco Sanz (Corporate Manager), en base a su estatus laboral como responsables de área.
Sin embargo, ninguno de ellos ha suscrito contrato de alta dirección, circunstancia que constituiría un claro incumplimiento de esa obligación legal. La Fundación Barça, por tanto, debería informar específicamente del salario de Marta Segú, directora general, que, según los cálculos a partir de la Memoria 2021-22, estaría en torno a los 200.000 euros anuales, una remuneración más alta que la que recibe, por ejemplo, la estrella del Barça Femení, Alexia Putellas, con un contrato profesional bruto de 150.000 euros.
Putellas ha sido reconocida dos temporadas consecutivas con el Balón de Oro y ha proyectado sobre el club una imagen extraordinaria que se ha traducido en el interés de los patrocinadores por una sección, el Femení, capaz de autofinanciarse, un logro que ya no está siquiera al alcance del primer equipo.
Hasta el 30 de octubre pasado, otro responsable de área, Ramon Garriga (Program Manager), pudo ser ‘utilizado’ por los auditores, lo mismo que Yolanda Antin y Paco Sanz, para enmascarar ese supuesto Comité de Dirección, que en realidad no existe a efectos legales con contratos específicos de alta dirección. Ramon Garriga, que siempre ha mantenido la misma categoría laboral hasta su reciente baja del Barça para dirigir la Fundació Primavera Sound, nunca ha pertenecido al comité de dirección ni de Marta Segú ni de ningún otro director del organismo.
Pero éste no sería el único ámbito de incumplimiento en términos de transparencia, sino que, según la Ley de Transparencia, si una fundación recibe más de 100.000 euros de administraciones públicas debe publicar la información referente a los contratos, convenios y subvenciones recibidas. La Fundació Barça, a la vista de los detalles de la memoria, no hace mención precisa en su sitio web ni tampoco ha transmitido la información a la web Transparencia Catalunya.
Sólo existe, en la memoria de la temporada 2021-22 una referencia genérica a subvenciones, donaciones y otros ingresos de 710.233 euros, bastante por encima de los 383.274 euros del ejercicio 2020-21, en ambos casos sin detallar.
La última publicación sobre el origen de subvenciones a favor de la Fundació Barça recogida en su web oficial data de la temporada 2019-20 y son procedentes de la Diputació de Girona (100.000 €), Diputació de Tarragona (60.000 €), Ajuntament de Roses (5.000), Ajuntament de Salt (5.000), Ajuntament de Banyoles (5.000), Ajuntament de La Bisbal (5.000), Ajuntament de Puigcerdà (5.000), Ajuntament de Viladecans (16.412), Ajuntament de Vilafranca (10.278), Ajuntament de Cunit (16.857), Ajuntament de Roquetes (12.250), Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (6.415), Ajuntament de Figueres (15.000), Ajuntament de Alcanar (8.008), Ajuntament de Vic (8.387), Ajuntament de Santa Bàrbara (4.506), Formació Continua (1.040) y Erasmus Plus (142.502 €).
No se espera ningún tipo de reacción ni actuación por parte del Patronat de la Fundació Barça, controlado completamente por el clan Laporta a través de Xavier Sala-i-Martín, el actual vicepresidente primero, pese al riesgo y las consecuencias que puedan acarrear las responsabilidades estatutarias y legales en esta materia tan delicada como es el ejercicio de la transparencia.
Nada sorprendente, por otro lado, tratándose de directivos y ejecutivos acostumbrados a no tener que dar ni explicaciones ni temer por el peso de la ley. Basta recordar que al final de la temporada 2009-10, el entonces tesorero de la junta, Xavier Sala-i-Martín, anunció unos beneficios de 12 millones cuando en realidad la liquidación, auditada, dio pérdidas por valor de 84 millones. Simplemente había ignorado las advertencias y el rigor del auditor e inventado sus propias cuentas.
Fuentes consultadas apuntan a que el Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya sí que podría intervenir ante una posible infracción calificada de muy grave según el artículo 77.1 b) de la Ley 19/2014.
También es responsabilidad del Patronato de la Fundació Barça el cumplimiento del código de buen gobierno aprobado por el mismo órgano el día 17 de diciembre de 2020, y en el que se especifica que el salario de la dirección general estará siempre de acuerdo con el mercado. El salario de Marta Segú, en torno a los 200.000 euros, no está de acuerdo con los salarios de posiciones similares.
En definitiva, mientras que la plantilla de la Fundació Barça se reduce y el presupuesto también, la directora se dobla el salario a un nivel tan alto que supera la retribución de, por ejemplo, Maite Laporta, que con menor salario está obteniendo mucho más reconocimiento y resultados a nivel interno, y, como queda dicho, la de Alexia Putellas, jugadora del Barça Femení que está generando un impacto a nivel reputacional altísimo y sin parangón al que pueda estar consiguiendo la Fundació Barça.
