La Fiscalía Anticorrupción ha pedido penas de cárcel para 17 ex-altos cargos catalanes y empresarios por los delitos de organización criminal, prevaricación y fraude continuado en la Administración Pública, presuntamente cometidos arreglando adjudicaciones de contratos públicos durante la etapa de gobierno de Artur Mas, avanza El Periódico.
Entre los acusados por el fiscal José Grinda destacan Joan Lluís Quer y Josep Antoni Rosell, quienes fueron presidente y director general, respectivamente, de GISA, la empresa pública ahora denominada Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya.
El escrito de acusación, según revela el mismo diario, atribuye a los acusados la ejecución, al menos desde 2008, de un pacto para conseguir adjudicaciones de concursos públicos en Cataluña que consistía en concurrir a pujas ofreciendo precios para excluir a otros competidores, impidiendo así la libre competencia, con la connivencia de Quer y Rosell.
Para los dos ex-altos cargos de GISA, Anticorrupción solicita 8 años y 9 meses de cárcel, la misma pena que pide para Josep Narcís Arderiu, de la Asociación Catalana de Ingeniería y Arquitectura (Asinca), mientras que los otros 14 acusados afrontan peticiones de 6 años y 3 meses.
A Quer y Rosell, el fiscal Grinda les atribuye, en particular, la manipulación de las adjudicaciones mediante una modificación de la estructura organizativa de GISA, que dio lugar a la creación de la Oficina Técnica de Evaluación y de un nuevo paso en el proceso de valoración, dependiente de estos altos cargos, a los que acusa de haber abusado de su jerarquía sobre un subordinado para alterar valoraciones de ofertas.
