La Generalitat de Cataluña y el Gobierno central han llegado a un acuerdo para no impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) la modificación de la Ley de consultas no refrendarias, aprobada por el ejecutivo catalán para poder convocar la consulta ciudadana sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, actualmente paralizada. El Gobierno español tenía dudas sobre las competencias de la Generalitat para convocar este tipo de consultas, pero finalmente, como ha avanzado la Cadena Ser, el ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez ha decidido no recurrir el texto.
«Ambas partes coinciden en interpretar que las convocatorias de las consultas populares no referendarias de ámbito territorial supramunicipal a las que se refiere la ley, tal y como se desprende del resto de la normativa, tienen por objetivo recoger la opinión de las personas legitimadas sobre una determinada actuación, decisión o política pública que pertenezca al ámbito propio de las competencias autonómicas de la Generalitat. Sin afectar, por tanto, a las competencias de los entes locales ni vulnerar, tampoco, la autonomía local«, señala el acuerdo, según ha publicado Nació Digital.
La modificación legislativa del Govern pretendía hacer posible la convocatoria de consultas en comarcas concretas de Cataluña, ya que hasta entonces sólo podían celebrarse teniendo en cuenta a todo el territorio. Sin embargo, el visto bueno del ejecutivo central llega en un momento en que la candidatura está paralizada debido a los desacuerdos entre la Generalitat y el Gobierno de Aragón, encabezado por el socialista Javier Lambán. En julio, el ejecutivo catalán envió al Comité Olímpico Español (COE) una propuesta de candidatura en solitario de Cataluña, pero el COE no se ha pronunciado al respecto.
