La baja repentina del interventor del Consell Comarcal de l’Anoia, dejando la institución al borde del colapso, ha puesto al descubierto que el ente está siendo investigado por la Oficina antifraude por posibles irregularidades relacionadas con la figura del secretario y del interventor.
El desbarajuste quedó al descubierto tras el anuncio de impagos a los trabajadores del Consell, que finalmente pudo resolverse. La renuncia del interventor, que coincidió con la baja médica del secretario, hizo que la institución perdiera una de las tres firmas necesarias para realizar cualquier pago -junto con la del gerente y la del tesorero. Esto impedía pagar a los trabajadores y también a los proveedores. Un acuerdo excepcional con el banco encargado de los pagos, resolvió el caso del personal, el de los proveedores persiste. Se espera que el próximo 2 de diciembre pueda resolverse del todo el revuelo, cuando está previsto que otro trabajador del Consell tenga ya los méritos necesarios para acceder a la plaza.
Aunque el presidente del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete, ha calificado siempre el problema de «burocrático», la oposición ha relacionado desde el principio la situación con la sol solicitud de información que inició Antifrau en 2019, en relación con las condiciones salariales del secretario, que habían despertado sospechas. La investigación también apunta al interventor. Boquet desconoce si hay relación o no, se limita a constatar que el interventor abandonó el trabajo al mismo tiempo que el secretario cogió la baja. El jefe de la oposición del Consell y alcalde de Calaf, Jordi Badia (ERC), entiende que «es evidente que se relacionan» y que «hará falta que alguien acabe asumiendo responsabilidades, al nivel que toque». Recuerda que Antifrau investiga al secretario en tres aspectos: Por un lado, tendría la jornada reducida pese a cobrar el cien por cien; por otra parte, investigan la compatibilidad o no para el ejercicio de la abogacía, y finalmente se investiga también el cobro de un complemento al que podría no tener derecho. Por otra parte, también se estaría investigando al interventor por cobrar un complemento sospechoso. Para Badia esto no puede haber ocurrido sin que nadie se diera cuenta.
Los sindicatos ven insuficientes las explicaciones dadas por el gobierno y han empezado a reclamar dimisiones. CCOO no cree que las bajas de los funcionarios se deban a una cuestión de «mala suerte», sino que es fruto de «la falta de voluntad de la dirección del Consell para gestionar, con rigor y compromiso».
