El círculo se va cerrando en torno al laboratorio canadiense de tecnología Citizen Lab para que se vea obligado a hacer públicos los datos en los que se basa para justificar sus denuncias por espionaje a través de la infección de teléfonos con el software Pegasus. Citizen Lab publicó el pasado 18 de abril un informe según el cual los teléfonos de 65 personas partidarias de la independencia de Catalunya habían sido espiados con los programas Pegasus y Candiru. Pese a que expertos en ciberseguridad, seis eurodiputados y más de un centenar de investigadores y profesores universitarios han pedido a Citizen Lab que dé a conocer los fundamentos técnicos de sus acusaciones, los responsables de este colectivo se han negado a ello sistemáticamente.
La presión para que lo haga ha aumentado después de que el Tribunal Supremo de la India anunciase, este 24 de agosto, que eran ‘falsos positivos’ 24 de los 29 teléfonos de activistas, periodistas, políticos y jueces de este país supuestamente infectados con Pegasus que analizó. El tribunal indio afirma, además, que en los cinco teléfonos donde ha encontrado programa malicioso no se puede asegurar que sea Pegasus.
Para investigar la veracidad de las denuncias, el Tribunal Supremo de India creó, el 27 de octubre del pasado año, un comité, liderado por el ex-juez RV Raveendran. Este comité fue dirigido por tres jueces y contó con el asesoramiento de tres técnicos: Naveen Kumar Chaudhary, profesor de ciberseguridad y decano de la Facultad de Ciencias Forenses de la Universidad de Gandhinagar, Prabaharan P., profesor de la Escuela de ‘Ingeniería Amrita Vishwa Vidyapeetham, de Amritapuri, y Ashwin Anil Gumaste, profesor asociado del Instituto Indio de Tecnología, de Bombay. Citizen Lab y Amnistía Internacional trabajaron conjuntamente en la denuncia de los supuestos espionajes y responsabilizaron a agencias de seguridad del gobierno indio.
Los responsables de Citizen Lab no sólo se niegan a aportar las pruebas de las conclusiones de sus informes sobre el CatalanGate, el supuesto espionaje en la India o cualquier otra denuncia suya sino que su director, Ronald Deibert, aseguró, el mes de mayo en una entrevista en el diario El País, que sus resultados son 100% fiables y que era imposible que hubiera falsos positivos en los teléfonos que investigan.
Las conclusiones del Tribunal Supremo indio dejan en la cuerda floja las afirmaciones de Deibert y la credibilidad de Citizen Lab y, por tanto, la de la campaña bautizada como CatalanGate. Precisamente, hace unos días, Jonathan Scott, investigador en ciberseguridad, que publicó el 4 de julio, en su canal de Twitter, un estudio de 60 páginas titulado ‘Descubriendo a Citizen Lab. Desmintiendo el CatalanGate’ fue expulsado de la North Central University de California a raíz de la presión que ejercieron varios miembros del entorno de Citizen Lab sobre la dirección de este centro universitario. Los defensores del laboratorio canadiense acusaban a Scott de malas prácticas científicas en su estudio. Scott denunciaba en él, entre otras cosas, la posibilidad de que en el CatalanGate hubiera muchos falsos positivos. En la India, el Tribunal Supremo ha concluido que lo eran el 82% de los teléfonos analizados.
Personas supuestamente espiadas y que pertenecen a la Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, ERC, JuntsxCat y la CUP, además del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, han denunciado en los juzgados ser víctimas de este CatalanGate. Citizen Lab estará obligado a aportar a los jueces correspondientes las pruebas de sus conclusiones. ¿Cuántos falsos positivos encontrarán?
