La ONU acaba de anunciar que el número de desplazados en el mundo supera los 100 millones de personas ¿Una cifra para pararse a pensar muy seriamente?
Lo primero que tenemos que entender es que la movilidad de las personas, los movimientos migratorios, son constantes en la historia de la Humanidad. Hay que mirarlos como una realidad permanente en la sociedad. Forman parte de nuestro ADN. Las migraciones que llamamos económicas (que incluyen muchas más cosas) se producen porque hay gente que sale de sus países porque quiere tener una experiencia vital distinta. Porque le gustaría cambiar sus expectativas laborales, porque se ha enamorado… Estas migraciones hay que mirarlas desde el respeto. Las personas se mueven y tienen que hacerlo con derechos. A las sociedades democráticas les corresponde articular políticas públicas que garanticen esta movilidad. Hay una tendencia a ver estas migraciones desde una mirada paternalista y un poco compasiva. Hay también movimientos forzados de gente que se ha visto obligada a emigrar por las circunstancias.
¿El mundo no se pacifica, sino todo lo contrario?
En un mundo ideal, pensábamos que esto iría reduciéndose. Construimos todo el marco institucional de protección del Derecho Internacional a las personas refugiadas, después de la II Guerra Mundial. Un proceso, creíamos, que se iría acabando a medida que el mundo se estuviera pacificando. Esto no ha pasado, y lo que nos encontramos hoy en día es que las migraciones forzadas por razones diversas (en las que también se inscribe la degradación del medio ambiente, situaciones de pobreza extrema, violencia sistémica, violaciones constantes de los derechos humanos…,) han ido creciendo. Nos encontramos con un mundo más desagradable, que ha construido, además, un imaginario en el que toda la movilidad humana se ve desde el prisma del humanitarismo compasivo, o de la amenaza a la seguridad. Esto hace que no haya debate de cómo gestionarlo.
¿Gestión, más allá de las emociones, las derivas ideológicas, la instrumentalización de los problemas…?
En nuestro país y otros de la UE, tenemos una discusión muy epidérmica sobre la inmigración: me gusta o no me gusta. Esto parece bien entre amigos, pero en términos de políticas públicas carece de sentido. Hay que partir de hechos como, por ejemplo, que un país que tiene emigración es porque resulta atractivo. Elemento positivo que hay que saber gestionar para que la gente se incorpore a las sociedades de llegada de la mejor manera posible, sin vulnerar los derechos de nadie, tanto de los que están como de los que llegan. Este es el debate que no tenemos.
¿Algo que, como vienes reclamando, sólo se puede hacer desde las políticas públicas?
Tenemos una mirada de las políticas públicas muy relacionada con un mundo que ya no existe. De cuando la gente se iba a un sitio, trabajaba y volvía a sus casas, o se quedaba allí permanentemente. Hoy en día es todo mucho más complejo y no tenemos instrumentos suficientes para garantizar la movilidad. Lo que se ha visto que funciona es enviar el mensaje de que la emigración es una amenaza. Esto es lo que, en el marco de la UE (también en EE. UU, Canadá, Australia…) estamos claramente construyendo. Esto conlleva poner los instrumentos allí donde sabemos que podemos hacer algo y que la gente lo vea. O sea, en la frontera. Así, la política migratoria se convierte en una política de control. Envías el mensaje de que lo que estás haciendo es proteger el territorio, incluyendo los acuerdos con países vecinos, para que sean ellos quienes se encarguen de impedir las llegadas.
¿Reduccionismo que impide abordar la cuestión de modo transversal, desde diferentes ámbitos, como la complejidad de las cosas reclama?
Hemos quitado otros temas del foco, con lo cual solo hablamos de uno, que no resuelve nada. En estos momentos, mi preocupación es, precisamente, poner sobre la mesa, por ejemplo, que haya gente que vive entre nosotros, pague impuestos, trabaje y no vote. Supone un déficit democrático importante, pero no es un debate que esté en los medios, ni casi en las entidades sociales que trabajan con la inmigración. Éstas se han preocupado y han trabajado muy bien con las personas que están en situación de irregularidad, los sin papeles. Lo han hecho tan bien, que han contribuido a que el debate gire en torno a esta cuestión, y que la emigración acabe asociándose a irregular. Cosa que no es verdad, y que le viene muy bien a la extrema derecha para inflar la cuestión.
¿No suena a cinismo, o parece altamente contradictorio, que a ciertos empresarios les resulte altamente rentable disponer de mano de obra desregulada, sin derechos, semi-esclava, y por otro, a través de algunos de sus voceros como Vox, traten de impedir la inmigración?
Esto es bastante típico. En realidad, no tienen nada contra la inmigración. Lo que no quieren es que venga con derechos, porque así ya les va bien. Esto es algo que se corrige no solo con políticas migratorias, sino de inspección laboral, etc. Por eso, no preferimos hablar de estos temas. Porque esto ya no es hablar de inmigración, sino de modelo de país. Hablamos de fronteras, porque no queremos hacerlo de otras cosas. Denunciamos, por ejemplo, las condiciones de trabajo en ciertos ámbitos de la agricultura, pero no hacemos casi nada por mejorarlas.
¿De quién dependen en la UE las políticas de emigración?
Desde 1999, estamos intentando construir una política europea de emigración y asilo. Hasta ahora, lo que se ha hecho es establecer algunas normas como, por ejemplo, el sistema de visados. También el procedimiento para conceder asilo político. Pero la última palabra de quién entra en su territorio, la tiene el Estado. Con los refugiados de la guerra de Siria, todo el mundo criticaba a la UE, olvidándose de los Estados. Estos lo que intentan hacer ver es que la UE les obliga a hacer cosas… Ejemplo claro de esto es el Brexit. Su campaña se basó en “Queremos el control de nuestras fronteras”, cuando el Reino Unido estaba fuera de Schengen. Vendió la moto de que la UE le obligaba, y la gente se lo creyó.
¿Hablando del Brexit, qué se puede decir de la decisión de deportar gente a Ruanda?
Esto vulnera todo el sistema de protección internacional. Por eso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos envió la nota de que no se podía hacer. Aceptar la solicitud de asilo es la única norma internacional que obliga a un Estado, que tiene las competencias para decidir si la concede o no. Tengo la sensación de que, no solo el Reino Unido, están intentando estirar la cuerda para ver hasta dónde pueden llegar. Lo que el gobierno británico ha hecho es intentar convertir Ruanda en una especie de oficina de solicitantes. Para pedir asilo, hay que hacerlo desde cada territorio. No se puede hacer en las legaciones diplomáticas. Lo de Ruanda es externalizar la cuestión. Mandar la gente fuera directamente. Pienso que, si hoy hubiera que votar la Convención de Ginebra, no se aprobaría.
¿Funciona también en España, a nivel interno, una especie de redistribución de los migrantes en el territorio, con criterios bastante aleatorios?
El sistema de asilo es siempre estatal, pero se hace de distinta manera. En España funciona a través de las entidades sociales, que se encargan de gestionar estas personas. Van donde hay plazas y, a pesar de que entran a formar parte de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, estos no tienen porqué saber que esas personas están allí. Un desastre. Habría que repensar el sistema de tal modo, que participaran de él las autonomías y los municipios. Así, las personas estarían lo antes posible en el sistema normalizado, porque cuanto más dependen de sistemas paralelos más riesgo existe de que falle la integración, que empieza en el momento cero.
¿Están recibiendo los refugiados ucranianos un trato privilegiado en Europa?
Es evidente que hay un trato diferencial, pero también puede contribuir a un cambio de percepción del exilio. Creo que la UE ha hecho lo que podía y tenía que hacer. Hay que tener en cuenta que acceden directamente a territorios de la Unión y no a través de terceros, como Siria con Turquía. Además, Ucrania forma parte de Schengen, con lo cual los ucranianos podían moverse libremente por la UE.
