La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de dejar a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a un paso de juicio por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude administrativo, falsedad documental y malversación de fondos públicos cuando estaba al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) pone a la líder de Junts en manos de ERC y la CUP, que podrían hacerla caer cuando se le abra juicio oral. Borràs adjudicó a su amigo Isaías Herrero 18 contratos menores por más de 330.000 euros, pero niega haber cometido delito alguno y asegura que se trata de un caso de represión del Estado.
Sin embargo, los republicanos y los cuperos no están convencidos de que la causa contra la presidenta del Parlament sea un caso político y, según las fuentes consultadas por La Vanguardia, ambos partidos se encaminan a hacerla caer tal como contempla el artículo 25.4 del reglamento de la Cámara catalana. La normativa hace referencia a la suspensión de los diputados si se abre juicio oral por corrupción, pero Junts ha cerrado filas con Borràs al considerar que el caso no tiene que ver con la corrupción, sino con una «persecución política», y confía en que los republicanos le darán su apoyo.
Sin embargo, según las fuentes consultadas por el citado medio, ERC defiende que la causa contra la presidenta del Parlament «no tiene nada que ver con la represión a consecuencia del 1-O» y, como ya manifestó la número dos del partido, Marta Rovira, los republicanos apuestan por que la presidenta del Parlament se aparte «y si no ha pasado nada ya volverá». La CUP, en la misma línea que ERC, insiste en que ya advirtió de los riesgos de poner a Borràs en la presidencia del Parlament y señala que avisaron «de que este día llegaría«. Sin embargo, los cuperos subrayan que la responsabilidad recae sobre ERC y Junts, que son quienes invistieron a Borràs.
