La mayoría independentista de la Mesa del Parlamento de Cataluña se ha ratificado en su decisión de aceptar el voto delegado del diputado de Junts Lluís Puig, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) lo anuló, después de haber detenido el pleno a instancias de varios grupos que han planteado peticiones de reconsideración.
La presidenta de la cámara, Laura Borràs, ha asegurado que contaría el voto delegado de Puig, pero la duda es si será contabilizado a todos los efectos. Para no comprometer a los trabajadores del Parlamento catalán, el voto no ha aparecido en el marcador y se ha contabilizado verbalmente. Una incógnita principal es si el voto de Puig se reflejará en las actas de la sesión.
Si bien Borràs y la secretaria de la Mesa Aurora Madaula han dicho que se responsabilizaban de los efectos jurídicos de la decisión, la actuación de los trabajadores del Parlamento es fundamental para el desarrollo de la votación y la publicación del resultado en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC).
Más allá de la resolución del Constitucional, la mayoría independentista de la Mesa ha recibido también la advertencia de los servicios jurídicos de la cámara sobre posibles consecuencias judiciales de aceptar el voto delegado de Puig, por una eventual desobediencia y usurpación de funciones.
El independentismo esgrime contra la anulación, dictada por el TC a raíz de un recurso interpuesto por el PSC, que corresponde al voto delegado a Gemma Geis en marzo de 2021, y no al actual, el voto delegado a Mònica Sales.
