Eduard Pujol. En octubre del 2020, Junts lo destituyó como portavoz del grupo en el Parlament de Catalunya y le expulsó del partido después de que dos mujeres le acusaran de acoso sexual. El juez Joaquín Aguirre, el mismo que investiga la trama rusa del proceso y la financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya, instruye la denuncia que Pujol puso contra una de las denunciantes, la concejala y portavoz de Junts en Pineda de Mar, Noemí Llorens. Aguirre asegura que Pujol ha sufrido un grave perjuicio económico, social y político a consecuencia de «la acusación calumniosa y de la fulminante actuación de los gestores del partido político al que pertenecía sin haber tenido la menor constatación de la veracidad de las acusaciones formuladas contra él».
El juez critica la drástica reacción de Junts ante las denuncias de acoso sexual, considera que ignoró el derecho a la presunción de inocencia y que vulneró “todas las reglas del derecho a la defensa que tiene cualquier persona, no sólo en el proceso penal, sino en cualquier ámbito disciplinario de la vida”. Además, afirma que se ha causado un perjuicio irreparable al ex portavoz parlamentario de Junts porque, aunque se le levantó la suspensión de la militancia ocho meses después de su expulsión del partido, perdió oportunidades laborales, además de su escaño en el Parlament.
El otro caso también pinta bien para Pujol. El juez que lo instruye ha impuesto una fianza de 92.278 euros a la mujer que le denunció por acoso sexual. Pujol la acusó de amenazarle porque le había enviado más de 3.000 mensajes de whatsapp. Además, el juez advierte a esa mujer que le embargará bienes si no hace frente a la fianza.
Pujol está contento con el trato recibido por el juez Aguirre. Carles Puigdemont y Junts, no tanto.
