Laura Borràs, la presidenta del Parlamento de Cataluña, pidió de forma «urgente» a un funcionario, siendo directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), la lista de todos los contratos que esta institución había concedido a dedo a Isaías Herrero, y lo hizo al día siguiente de que este amigo de Borràs fuera detenido.
La defensa de este funcionario, que al igual que Borràs está siendo investigado en la causa sobre los contratos de la ILC, situó así en contexto los audios que había recibido de Borràs, que se difundieron la semana pasada, publica Eldiario.es.
Según esta información, el funcionario ha cambiado su estrategia de defensa y ha negado haber participado en la adjudicación de contratos a Herrero, aduciendo que la petición de la lista de contratos a dedo concedidos a esa persona provenía de una superior como era Borràs, por lo que ha argumentado que no puede constituir un indicio incriminatorio contra el funcionario.
Por otra parte, el funcionario ha explicado que recibieron a principios de 2018 una visita de Borràs, que entonces ya no era directora de la ILC, con un «extraño ofrecimiento», que según el escrito de la defensa de este empleado público consistió en que otras personas relevarían a Herrero en las tareas de mantenimiento de la web “sin que hubiera constancia de una contratación formal”. Según el mismo escrito, el funcionario comunicó a Borràs su desacuerdo con esa propuesta.
Tendencia en la contratación menor
El mismo funcionario, según revela El Periódico, relata que Borràs ordenó mantener la contratación menor en la ILC después de que la Intervención General de la Generalitat le hubiera avisado de que estaba abusando de esta figura y le hubiera recomendado otros procedimientos con mayor concurrencia de candidatos.
El funcionario asegura que asistió, en 2015, a una reunión con Borràs, la interventora y la adjunta de esta última, en la que se comunicó a la directora de la ILC que la contratación de esta institución se basaba excesivamente en contratos menores.
Aunque, según el funcionario, la Intervención consideró que ello no era necesariamente problemático, sí consideró que, planificándolo bien, la ILC debía tender a fórmulas con mayor concurrencia para otorgar contratos, como el procedimiento negociado.
