La empresa IN2 Ingeniería de la Información, que se ha llevado más de 11 millones de euros en contratos de la Generalitat desde que el exconsejero Felip Puig es socio director, se habría beneficiado de una adjudicación sin cumplir los requisitos técnicos y humanos necesarios, según consta en un informe de la Guardia Civil que ha revelado El Confidencial. La licitación, convocada por el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM), era sobre las pruebas médicas de los laboratorios de biomecánica y la compañía de Puig se presentó junto con la empresa Certificaciones de Lesiones SL, controlada por la exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell, investigado en la operación Voloh.
Uno de los requisitos del concurso público era que el ganador dispusiera de aparatos de dinamometría ISO cinética y, aunque las empresas de Puig y Vendrell no los tenían, lo que suponía «una modificación improcedente en las condiciones de licitación», la mesa de contratación dio luz verde a la adjudicación del contrato. El informe policial considera que existen indicios de que el presidente de la mesa de contratación, Joan Ramon Pastor, podría haber sido ‘comprado’ y señala la existencia de conversaciones entre Pastor y Vendrell que «parecen acreditar cierto trato de favor».
Durante la tramitación del concurso, Vendrell contactó con Pastor y se ofreció a ‘apretar’ a la entonces consejera de Salud, Alba Vergés, y al consejero de Economía, Pere Aragonès. El presidente de la mesa de contratación le comentó que «necesitaba el aval de un político o de un responsable de alto nivel» para poder ocupar un cargo directivo, y Vendrell le concertó una entrevista con el vicepresidente de la Diputación de Barcelona y alcalde de Moià, Dionís Guiteras.
El informe de la Guardia Civil añade que Pastor «consideraba que sin la ayuda de Vendrell no conseguiría un nuevo puesto en la Administración de acuerdo con sus pretensiones económicas y técnicas» y señala que «actualmente, (Pastor) es el gerente del consorcio de las Drassanes Reales y Museo Marítimo, una entidad coparticipada, precisamente, por la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona y por la Autoridad Portuaria».
