El secretario general del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Cases i Pallarès, incumple gravemente el código ético y de conducta aprobado por la corporación municipal que preside Ada Colau, según informa la última edición del semanario EL TRIANGLE. Su hermano, Lluís Cases i Pallarès, es abogado experto en urbanismo y socio del despacho Garrigues en Barcelona.
En función de esta relación directa de consanguinidad, Jordi Cases tendría que abstenerse de participar en todos los expedientes en los cuales interviene su hermano Lluís. Así lo establece claramente el código ético y de conducta, que en su artículo 3.3 incluye al secretario general del Ayuntamiento como afectado por las medidas de prevención de las prácticas corruptas.
El artículo 8 del mismo código, aprobado a instancia de los comunes en 2017, define el conflicto de intereses y lo extiende a los “intereses familiares, incluyendo los del cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y los familiares en el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad”, de los altos cargos municipales, y les obliga taxativamente a inhibirse en los expedientes en los que intervengan.
Lluís Cases, como abogado de Garrigues, participó en la redacción del Plan Especial Integral y de Mejora Urbana que promueve la empresa Alba Spanish Propco 1 SLU, participada por el fondo inversor Brookfield, y su firma consta en el proyecto presentado al Ayuntamiento. Este plan, que ha sido tramitado a toda pastilla por la teniente de alcaldía Janet Sanz, prevé la construcción de una enorme residencia de estudiantes en la avenida del Paralelo 25-37, con capacidad para 465 plazas.
Dada esta descarada colisión de intereses, el secretario general del Ayuntamiento se tendría que haber inhibido en todo el procedimiento de tramitación y aprobación de este proyecto. Pero no lo ha hecho, vulnerando de manera flagrante el código ético y de conducta.
Por ejemplo, Jordi Cases, actuando como secretario general, firma el anuncio de información pública del proyecto de reparcelación de los terrenos donde se construirá esta residencia de estudiantes, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del 29 de abril pasado. La relación de los hermanos Cases constituye un caso grave de incompatibilidad ante el cual Ada Colau cierra los ojos.
Piden la nulidad del proyecto
El proyecto de construcción de la enorme residencia de estudiantes del Paralelo ha llegado a los tribunales. Lo ha llevado la sociedad Aquaclin Consulting SL, que representa los intereses de la discoteca Brisas del Caribe, que ocupa, en régimen de alquiler, uno de los locales que se tendrán que derruir para hacer la residencia que promueve la empresa Alba Spanish Propco 1 SLU. Hace pocos días, el Juzgado número 12 de Barcelona ha rechazado el desahucio de este local instado por la propiedad, puesto que el contrato de alquiler tiene vigencia hasta el año 2029.
En paralelo, la sala del contencioso–administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha reclamado al Ayuntamiento de Barcelona que le remita todo el expediente referido al Plan Especial Integral y de Mejora Urbana que ampara la construcción de la residencia de estudiantes. Esta medida es consecuencia del recurso contencioso-administrativo presentado por Aquaclin Consulting SL, donde denuncia las numerosas irregularidades que ha detectado en la tramitación de este proyecto.
Las anomalías serían consecuencia de la enorme prisa con que la concejalía de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, que dirige Janet Sanz, ha tramitado el expediente de Alba Spanish Propco 1 SLU. De este modo, el Ayuntamiento obvió dar respuesta a las alegaciones presentadas a su día por Aquaclin Consulting SL contra los convenios municipales firmados con la empresa promotora.
También se recuerda que se han incumplido los plazos para la aprobación del plan urbanístico y la compra de las fincas afectadas. Según el recurso presentado al TSJC, esto tendría que ser causa para declarar la nulidad del proyecto.
