Siete empresas constructoras han sido imputadas por la jueza de Lleida que investiga la Operación Boreas, un caso de corrupción de supuesto amaño de las adjudicaciones de servicios de mantenimiento y construcción de carreteras vinculadas a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y a fundaciones con afinidad a la organización política, como CatDem. La macrooperación que se realizó en Lleida en octubre del 2018 provocó la detención de 25 personas, entre ellas Joan Reñé, quien dimitió como presidente de la Diputación de Lleida.
Sorigué, Arnó, Voltes, Cercos y otras tres compañías han sido citadas para el próximo 3 de julio. Cuatro personas imputadas también comparecerán dos días antes, el 1 de julio.
Según las investigaciones de los Mossos d’Esquadra, las constructoras podrían haber tenido información privilegiada desde dentro de la Diputación de Lleida de los contratos que se iban a adjudicar para el mantenimiento de carreteras. Las compañías supuestamente adaptaban sus ofertas para expulsar del mercado a las empresas que no fueran afines ni originarias de Lleida.
Comisiones ilegales
Como agradecimiento, algunas de ellas supuestamente daban comisiones ilegales a fundaciones, como CatDem, o hacían pagos en negro a determinadas personas. Hay testigos que han manifestado que había un pacto entre las constructoras con el pago de dinero negro para financiar las supuestas aportaciones económicas. Uno de ellos ha reconocido haber llevado sobres y haber firmado cheques para retirar fondos en efectivo que irían a parar a determinados sospechosos en esta trama.
Supuestamente se han interceptado conversaciones telefónicas y han aparecido correos electrónicos y cartas en los que se demostraría que ha habido contacto entre las empresas y funcionarios. Los representantes de las constructoras debían acudir a las reuniones en las que se repartían las concesiones.
